Un grupo de siete personas protestó con pancartas frente a la Cámara de diputados local por la liberación Hilario Vilchis, sentenciado a 55 años por el asesinato de Gisela Galicia, luego de que el Poder Judicial del estado resolviera favorablemente un amparo.
“Estamos aquí para hacer saber que en nuestro estado la corrupción prevalece. En su momento se vio que habían pruebas gracias a los cual el juez de Lerma condenó a Vilchis, pero al llegar aquí (al Poder Judicial del estado) las pruebas no pesaron”, afirmó el padre de la víctima, Miguel Ángel Galicia.
Según Galicia la resolución obedece a influencias políticas. “Los magistrados ni siquiera leyeron la carpeta del caso para emitir su resolución… ¿Por qué no lo sacaron antes, si no hubiera tenido apoyo lo hubieran sacado desde un principio?”, razonó.
Al preguntarle porqué protesto frente a la Cámara de Diputados y no frente al Poder Judicial, instancia que emitió la resolución, Galicia afirmó que fueron varias cosas las que no funcionaron para que hubiera justicia en el caso de su hija: “Aquí se dan por valoradas las leyes, leyes que aprueban los diputados; cabe todo, la corrupción, hubo dinero”, insistió.
El padre de la occisa afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias legales para que haya justicia en el caso de su hija. Sin embargo, por el momento no ha iniciado trámites legales debido a que no ha recibido la notificación de la resolución.
Gisela Galicia Portillo, originaria del municipio de Otzolotepec, salió de su domicilio el pasado 7 de noviembre del 2012 rumbo a la Preparatoria Uno, anexa a la Normal. El padre de la menor afirmó que como todos los días acompañaba a su hija al paradero de autobuses, sin embargo, ésta ya no regreso a casa. A los pocos días fue encontrada muerta en el río Lerma.
Tras una serie de investigaciones, las autoridades determinaron que la adolescente abordo un vehículo que era conducido por Rivero Vilchis, quien después de asesinarla y ocultarla por varias semanas la arrojo al río Lerma.
Por este delito, a Vilchis se le fijó una multa de 167 mil pesos por reparación del daño y una sentencia de 55 años de prisión. Sin embargo, gracias a un amparo concedido por los magistrados de la Segunda Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia, Región Toluca, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar y Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel, fue puesto en libertad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a varios municipios del Estado de México como los más violentos en todo el país para las mujeres, desde hace casi 30 años. Por ello, varias organizaciones civiles y familiares de víctimas de feminicidio han venido exigiendo que sea declarada una alerta de género y se investiguen los asesinatos de mujeres y las causas de la violencia feminicida.
Síguenos