El Poder Judicial del Estado de México aclaró que los amparos otorgados a personas sentenciadas por feminicidio corresponden a resoluciones del Poder Judicial de la Federación y forman parte de un derecho constitucional al que puede acceder cualquier ciudadano, aunque cada caso debe analizarse de manera particular.
Lo anterior, luego de que madres de víctimas de feminicidio expresaran temor de que los responsables de asesinar a sus hijas obtengan reducciones de pena o beneficios judiciales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo, explicó que el sistema judicial mexicano se integra por distintas instancias y que, tras una resolución estatal, los casos pueden ser revisados por tribunales federales mediante la figura del amparo.
“Si se concede un amparo, deberá explicarse por qué. Puede deberse a que la sentencia fue excesiva, a insuficiencia probatoria o a que la acusación de la Fiscalía no fue la más adecuada”, señaló.
El magistrado reiteró que las determinaciones relacionadas con amparos corresponden al Poder Judicial de la Federación, institución que cuenta con autonomía y facultades para ordenar el cumplimiento de sus resoluciones al Poder Judicial mexiquense.
No obstante, envió un mensaje a las familias de mujeres víctimas de violencia:
“Decirles a las madres de mujeres violentadas que siempre estamos abiertos a escucharlas”, expresó.
Por su parte, la magistrada Elizabeth Rodríguez Colín puntualizó que jueces y magistrados no “aceptan” amparos, sino que estos representan un nuevo juicio sobre resoluciones previamente emitidas.
“No es que jueces o magistrados acepten los amparos; el amparo es un nuevo juicio sobre lo ya decidido y, en ese caso, se tiene que dar cumplimiento”, explicó.
Eliminación de prisión vitalicia bajará penas de feminicidas
Respecto a la eliminación de la prisión vitalicia en el Estado de México, Rodríguez Colín indicó que esta modificación legal obliga a revisar las condenas y ajustar las penas conforme al nuevo marco jurídico. Explicó que esta medida se sustenta en el principio jurídico de “ley más favorable”, el cual establece que cuando existe una nueva legislación más benéfica para una persona sentenciada, debe realizarse una nueva individualización de la pena.
“Ante la eliminación de la prisión vitalicia se permite hacer un nuevo análisis para sustituir la sanción por una que entre en los parámetros que la nueva ley señala mediante un esquema de aplicación más favorable para quienes se encuentren en una situación de esta naturaleza”, abundó.
Agregó que esta reconfiguración de sentencias deberá realizarse de manera oficiosa, debido a que implica el derecho a la libertad de una persona.
De acuerdo con la reforma aprobada, no podrán existir penas mayores a 70 años de prisión, lo que podría beneficiar a personas sentenciadas con prisión vitalicia por feminicidio.
En el Estado de México podrían existir cerca de 50 personas sentenciadas bajo el esquema anterior de prisión vitalicia.
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