Este martes 26 de marzo, el exalcalde de la capital mexiquense, Raymundo Martínez, salió del penal de Santiaguito. A pesar de ser acusado de un delito de alto impacto —nada más que el secuestro exprés de su exsuegro con fines de extorsión— Martínez seguirá su proceso en libertad condicional. Como fianza, pagó un millón de pesos.
Información reservada
Este lunes 25 de marzo, una juez de control otorgó un cambio de medida cautelar a Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, acusado del delito de secuestro exprés. Llevaba tres meses en prisión preventiva, ahora seguirá su proceso en libertad bajo arresto domiciliario y usando un brazalete electrónico.
Vestido con chatarra azul y rodeado por guardaespaldas que lo esperaban, Martínez salió del Penal de Santiaguito, Almoloya, la noche de este martes.
AD Noticias solicitó vía telefónica al PJEM el nombre de la juez que cambió la medida cautelar, pero se negó a proporcionarlo, argumentando que es información reservada para los abogados del caso. «Independientemente de su interés mediático, tenemos la obligación de reservar esa información», señaló Irving Robles, secretario del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca.
El 17 de enero de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturó al exalcalde. Días después fue vinculado a proceso por presuntamente haber cometido el delito de secuestro exprés con el fin de extorsión.
A finales de noviembre la fiscalía desplegó un operativo de decenas de hombres listos para su captura, pero cuando llegaron a sus domicilios, el entonces alcalde de Toluca ya se había dado a la fuga. Se mantuvo prófugo por semanas en un departamento de la colonia Lindavista, en la Ciudad de México.
De acuerdo con la acusación de la FGJEM, como edil de la capital mexiquense, Martínez Carbajal habría ordenado en abril de 2023 detener a su exsuegro, con el fin de recuperar unos diarios con contenido íntimo.
Además, ha sido señalado por su exesposa, Viridiana Rodríguez, expresidenta del DIF municipal, por cometer violencia física, sexual y emocional contra ella durante los 12 años que vivieron juntos.
Fuentes cercanas al caso revelaron a AD Noticias que el argumento para que el imputado consiguiera la libertad condicional, fue que sufría problemas de salud. El pago de fianza para obtener este beneficio asciende al millón de pesos.
El plazo para el cierre de la investigación complementaria, paso previo para determinar si Martínez irá a juicio, vence el 18 de julio.
PJEM castiga la pobreza
A decir de José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y representante legal de Haz Valer mi Libertad, el caso del exalcade de Toluca evidencia una desigualdad del Poder Judicial entre la clase política y los llamados injustamente presos.
Desde hace más de cuatro años el colectivo Haz Valer mi Libertad ha luchado por justicia para personas presas inocentes, quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y/o al debido proceso. Se trata de madres, hijas y hermanas que llevan 300 días con un plantón frente al Palacio de Gobierno exigiendo justicia a las autoridades mexiquenses.
El Poder Judicial, la fiscalía local y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México han sido poco comprometidos con sus demandas. «Esto pasa porque reconocer que se cometieron violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, implica reconocer que el sistema de justicia no funcionó y eso no quieren que se evidencie», considera Lara Duque.
El principal argumento de las autoridades mexiquenses, explica Lara, es la negativa a otorgar amnistía para delitos de alto impacto, pese a que la ley así lo contempla. Por ello, considera, es paradigmática, la medida cautelar dada a Martínez.
«La liberación del exalcalde pone en evidencia que el problema no es el delito. A él se le vinculó a secuestro exprés y aun así recuperó su libertad. El sistema de justicia mexiquense solo castiga la pobreza», comenta en entrevista con AD Noticias.
Para el abogado, la liberación del alcalde de Toluca podría servir como un parte aguas para la lucha del colectivo Haz Valer mi Libertad.
«A partir de ahora ninguna institución del sistema de justicia tiene justificación alguna para no poner en libertad a los inocentes, porque el caso Raymundo probó que los injustamente presos están en la cárcel por ser pobres, no por ser culpables», concluyó el defensor de derechos humanos.