El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, instó al Poder Judicial a respetar el derecho a la educación. La reciente resolución, en la que se otorga suspensión de actos educativos, afecta gravemente a 3.1 millones de estudiantes de nivel básico. A pesar de que solo 12 padres de familia solicitaron el amparo, la decisión tiene un impacto generalizado.
Esta medida, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ignora las reglas básicas del juicio de amparo, ya que debería proceder únicamente a petición de la parte afectada. De acuerdo con el gobierno estatal, la orden del Tribunal daña los derechos educativos de los menores, obstaculiza la implementación del diseño pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana y viola el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación.
La administración estatal reiteró su compromiso con el acceso a una educación basada en derechos humanos y la igualdad sustantiva, respetando la dignidad y el desarrollo de los estudiantes. La determinación judicial limita la libertad de pensamiento y expresión al imponer una ideología única en la elección de material educativo.
Además, de acuerdo con la Consejería Jurídica, los magistrados federales proponen una carga económica desmedida al sugerir la reimpresión de libros de texto del ciclo anterior, sin considerar la situación financiera de las familias mexiquenses y la falta de presupuesto.
El gobierno del Estado de México expresa su preocupación por la creciente intervención del Poder Judicial en asuntos de política pública, que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y Legislativo, según la Constitución. En este sentido, exhorta a los jueces y magistrados federales a respetar sus límites y garantizar una verdadera justicia en los casos bajo su jurisdicción, teniendo en cuenta la realidad social del país.