El juez decimosegundo de Distrito de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó suspensión definitiva al decreto que extinguía los millonarios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con lo que impide a la Tesorería de la Federación usar los más de 15 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.
Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales, lo que favorece a los jueces y magistrados, hayan promovido, o no, un juicio de amparo
Cabe resaltar que la suspensión debería otorgarse solo en caso de un acto concreto que afecte la esfera jurídica de los quejosos, no en beneficio de terceros ajenos al juicio.
El principio de derecho nemo iudex in sua causa prohíbe que un juez conozca de un juicio en el que tenga interés personal. En este sentido, los artículos 17 constitucional y los 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran la imparcialidad judicial como un requisito esencial del Estado de derecho.
Jueces y magistrados buscan mantener beneficios
Por ello, se acusa a jueces y magistrados de buscar mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios, sin haber realizado aportaciones extraordinarias como lo hacen otros trabajadores del sector privado y de la administración pública para recibir prestaciones de seguridad social. Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia.
Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está solicitando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, que ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de manera prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF. Se argumenta que los jueces, al tener intereses en el control de los recursos públicos, no pueden resolver con imparcialidad dichos juicios.
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