Antes de quedar empantanados por la desinformación, noticias falsas, manipulación política y una oleada de opinadores que no saben ni qué es un fideicomiso, habría que reflexionar seriamente sobre lo que estamos viviendo.
Primero, no se está hablando de una casta divina. El judicial es uno más de los poderes públicos, son personas de carne y hueso que son pagados con los impuestos del pueblo y que, sin excepción, fueron nombrados por recomendaciones de los gobernantes en turno.
Los resultados del Poder Judicial a lo largo de la historia del país han dejado mucho que desear, su fama de corrupción se ve soportada por la gran cantidad de casos de presos sin sentencia, algunos de los cuales han durado 20 años en la misma circunstancia.
A lo anterior hay que sumarle la protección descarada de los intereses de los políticos, recuérdense los asuntos de la Guardería ABC, la Estafa Maestra, Odebrecht y grandes empresas como Iberdrola, Elektra, Grupo México y un interminable etcétera.
Prácticamente, todas las familias mexicanas han tenido que padecer la injusticia de manos de un sistema impartidor que opera solo con base en el dinero.
Lo que el ciudadano común percibe de secretarios, notificadores, jueces y magistrados es un tufo de arrogancia y superioridad, su falta de sensibilidad es un signo distintivo.
No existe razón lógica ni ética que impida que ese poder deba, como cualquier otro, ser sujeto al escrutinio público. La rendición de cuentas no debe ser vista como una graciosa concesión, sino como una exigencia. #ElPoderJudicialSíseToca.
Lo mismo que sucede en la federación debe ser replicado en el Estado de México, ya basta de cotos de poder y de intocables, la impunidad debe llegar a su fin.
Existen casos de excesos administrativos documentados, expedientes negros y asuntos sin resolver, así que cabe recurrir a la sabiduría popular: “Cuando veas las barbas del Poder Judicial Federal cortar, las del Estado de México debes remojar».
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