Toluca, Estado de México; 2 de julio de 2019. Un tribunal superior ha ordenado a un magistrado que se tomen en cuenta las declaraciones de tres testigos que confirmarían el asesinato de al menos 8 personas en el municipio de Tlatlaya por parte de varios militares que en su momento fueron detenidos por los cargos de homicidio y alteración de la escena del crimen entre otros delitos, para luego ser puestos en libertad por falta de pruebas.
Hace cinco años, el 30 de junio de 2014, un convoy militar que patrullaba en dicho municipio, asesinó presuntamente a 8 o 15 personas según las versiones recopiladas, de las que los militares recibieron una supuesta primera agresión, por lo que ellos contestaron al fuego de los que pensaron eran un grupo de delincuentes. Los militares fueron puestos en libertad después de su detención, por un magistrado que en ese momento sí tomó en cuenta las declaraciones que ahora se sabe, fueron obtenidas bajo amenazas y tortura.
Los nombres de las tres testigos son Clara Gómez, Patricia Campos y Cinthia Nava, la primera fue quien puso en jaque meses después que lo hechos de la versión oficial donde se declara que 22 civiles habían muerto a causa del enfrentamiento, su declaración consiste en que los militares asesinaron a los detenidos luego de que se rindieron y uno por uno los fueron matando después de interrogarlos. Clara Gómez también reveló que había otras dos mujeres escondidas en una bodega desde la cual observaron todo el desarrollo de los hechos. Esta es parte de la declaración que hizo Clara Gómez el 7 de octubre de 2017:
"Me doy cuenta que otro militar sale del interior de la caseta junto con una persona de las que se habían rendido, y lo lleva hacia donde estaba el militar de la lámpara, y les preguntaba de dónde eran, su edad, su apodo y después los militares le disparan y yo escuchaba como se quejaban. Así sacaron a varias personas y les preguntaban lo mismo y al final le disparaban”.
Por lo declarado la fiscalía acusa de homicidio a tres de los ocho militares que participaron en el supuesto enfrentamiento y al resto los acusa de encubrimiento.
Por este motivo, el magistrado tiene hasta el 19 de julio para dictar sentencia a los militares aunque podría pedir una prórroga.
Por último queda deslindar las órdenes de los mandos militares en el momento del presunto enfrentamiento y asesinatos. Desde 2015 los abogados de Clara Gómez han batallado para tener acceso al expediente del caso, en el que encontraron un oficio que pone en tela de juicio el relato oficial ya que en el documento aparece un protocolo de actuación para el patrullaje de la zona en cuestión: "Las tropas deberán operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad".
Síguenos