A partir de esta semana, los mexiquenses gozamos de la protección del derecho a la ciudad. Así es, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México fue modificada en su artículo quinto para añadirle un par de párrafos que a la letra dicen:
“El Estado de México garantizará el Derecho Humano a la Ciudad, entendiéndose como un derecho de las colectividades, con el cual se busca lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial; buscando que los grupos vulnerables y desfavorecidos logren su derecho. El derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento”.
¿Qué significa esto y de dónde salió? Bueno, la iniciativa para realizar la modificación constitucional fue del diputado Juan Carlos Soto Ibarra, del Partido Encuentro Social, y en su exposición de motivos al someter la iniciativa a la LX Legislatura local recupera básicamente dos cosas: la propuesta teórica de Henri Lefebvre y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
Lefebvre es un teórico fuertemente influido por el marxismo, cuyas obras más importantes fueron escritas entre los años 60’s y 70’s. Su trabajo consistió básicamente en crítica a la vida cotidiana, misma a la que veía totalmente impuesta a las personas por el capitalismo. En el pensamiento de Lefebvre, como en la mayoría de los pensadores marxistas, hay una convicción de que el capital lo somete todo, de que el capitalismo ha logrado comercializar todos los órdenes de la vida, por ello genera una serie de reflexiones encaminadas a que la ciudad pueda convertirse en un espacio privilegiado de lucha anticapitalista.
Por el otro lado, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad es el resultado de un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales que en varios foros multilaterales fueron redactando un conjunto de principios que consideraron indispensables de garantizar, aglutinados en articulado que consigna básicamente “que todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa. Junto con esto, se debe preservar la memoria y la identidad cultural.”
También se dice en dicha carta “que toda urbe es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado, puesto que pertenece a todos sus habitantes, razón por la cual las ciudades y las autoridades nacionales adoptarán las medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan, para lograr de manera progresiva la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Como puede apreciarse, el planteamiento de Lefebvre, muy radical por estar basado en la tesis de la lucha de clases y el combate al capitalismo, fue ampliado por gente que introdujo otras formas de crítica social, como el género, lo étnico o lo cultural, que no son sino perspectivas teóricas que evidencian la diversidad de formas de experimentar la ciudad y buscar justicia espacial.
Pero, hoy que está en la constitución el derecho a la ciudad ¿qué consecuencias tiene para la vida de las personas (la mayoría de los mexiquenses viven en una zona urbana)? Básicamente dará base legal a reclamos que relativicen los hechos urbanos que la lógica capitalista tiende a presentar como al margen de la experiencia social (como indiscutibles y hasta naturales) pero que en realidad predisponen a las personas a vivir la ciudad bajo las dinámicas del capital.