Esta semana la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal anunció la puesta en marcha de un programa emergente encaminado a impedir que los jóvenes que aspiran a los estudios superiores se queden sin un lugar en las aulas. Así es, el subsecretario de Educación Superior, Francisco Concheiro, afirmó que la meta es que para dentro de cuatro años todos los jóvenes que egresen del nivel medio superior puedan tener una opción para cursar una carrera profesional.
El programa anunciado, sin embargo, sólo aplicará este año para los estudiantes que realizaron examen de admisión en cinco universidades del centro del país: UNAM, IPN, UAM, UAEMex y UAEM. En total se ofertarán 51 mil lugares para los jóvenes que hicieron examen pero que no hayan aparecido en las listas de aceptados de dichas instituciones.
El procedimiento a realizar es sencillo y en línea: en el sitio web https://www.aspiranteseducacionsuperior.sep.gob.mx/ sólo hace falta identificar alguna opción, registrarse y luego acudir a la sede asignada para concluir el trámite. Los lugares que se ofrecen son básicamente en la red de escuelas del Tecnológico Nacional de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Hay en este programa un principio que vale la pena subrayar: inclusión en educación (o “educación para todos”, como podría decirse en tiempos de campaña), que no es un asunto menor y que se confronta con prácticas que se han naturalizado en las últimas décadas en nuestro país y en el mundo entero. Por ejemplo, al día hoy sólo tres de cada diez jóvenes en edad de realizar estudios superiores tiene acceso a un lugar en las aulas. Además, el principio base de acceso a la universidad es el mérito propio. La idea que sostiene los exámenes de admisión es que no todos merecen un lugar en la educación superior y que el alto nivel de estudios sólo puede mantenerse siendo selectivo en quiénes ingresan.
La lógica que sostiene esta forma de pensar es simple y hasta fácil de aceptar: “que vaya a la universidad quien lo merezca”. Pero cuando se pone en términos relativos este asunto, no parece tan justo e imparcial, pues es evidente que al examen de admisión llegan jóvenes en muy distintas condiciones, producto de las desigualdades sociales que imperan en el país. E incluso, dentro de los ya admitidos, hay quienes se las verán mucho más duras que otros para mantenerse y egresar. Esto no se debe sino a un sistema social profundamente desigual, con grandes inequidades, en donde el “merecimiento” para acceder a la universidad no es conseguido bajo las mismas condiciones.
Igualmente no se debe ignorar que, producto de esta baja proporción de gente que accede a la educación superior (hoy es de 30%, aproximadamente, pero históricamente ha sido menor), no hay entre el grueso de la población una práctica generalizada de destinar recursos para invertir en la formación profesional de sus hijos, como sí ocurre en otros países en donde la familia, desde que nace un niño, se pone a ahorrar para su universidad. En México la mayoría de la población sabe que “gastará” en la educación de sus hijos sólo hasta los niveles básicos. En consecuencia, ampliar el acceso a este nivel educativo tiene que acompañarse obligadamente de programas de gasto público para apoyar a los estudiantes y garantizar su permanencia y la conclusión de los estudios.
Dicho en otras palabras, si el Estado apuesta por mayor inclusión, eso le obliga a un gasto social en becas y apoyos diversos para evitar una eficiencia terminal baja. Hasta hoy la tasa promedio de titulación en el país (o sea, la gente que termina todo el proceso y sale con un título profesional) está por debajo de 50%. En este sentido, el propio gobierno federal está ofreciendo a quienes participen por obtener uno de los 51 mil lugares tramitar becas para apoyar sus estudios.
¿Que está implícito en esta acción de gobierno? Sencillamente tratar de “igualar” lo que la dinámica social en nuestro país ha vuelto desigual. Y eso conlleva un sentido de equidad y justicia social: tratar de manera diferenciada a los desiguales, procurando allanar un poco el camino de quienes les cuesta más conseguir algo que a otros. En este rumbo es que se encaminan también los proyectos de las 101 nuevas universidades, la beca universal en la educación media superior y otras medidas anunciadas y puestas en marcha (con todos los bemoles que se le quieran poner) en el actual gobierno de la República.
¿Resultará? No lo sé. También debe tomarse en cuenta que, si hay pocos jóvenes accediendo a la educación superior en nuestro país, ello está relacionado con varias fracturas en el sistema educativo, especialmente en la educación secundaria y media superior, en donde, a pesar de su carácter obligatorio, persisten altas tasas de deserción y muy baja calidad
Pero algo sí me queda claro es se necesita mucho más que abrirle las puertas a todos los jóvenes en la universidad. Lograr que se inscriban no es justicia social; sí lo sería la disminución de las desigualdades, el gasto social dirigido, los programas con indicadores para medir resultados, el fortalecimiento de las instituciones de educación superior, el acompañamiento serio a los estudios de los jóvenes, el fortalecimiento de la calidad educativa. Si este programa anunciado es el comienzo de esta ruta, bienvenido.
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