Recientemente un estudio realizado por la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), hizo una evaluación a diversas agencias del Ministerio Público del Estado de México; el análisis se dividió en 4 ejes: la calidad de la atención, las irregularidades o actos de ilegalidad visibles, las condiciones internas y condiciones externas para proveer el servicio.
De todas las circunstancias evaluadas quisiera hacer hincapié en una parte que normalmente no se conoce a fondo: las condiciones internas en que laboran y se desarrollan los ministerios públicos y fiscales.
Recordemos que el servidor público es aquella persona que brinda un servicio de utilidad social en beneficio de toda la comunidad, por ello es un pilar importante en las funciones del gobierno; a estas personas se les exige que se conduzcan bajo los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Pero, ¿qué sucede en una institución pública como la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, cuando no cumple con sus principios rectores y mucho menos con su código de ética?
Me refiero en específico a las condiciones humanas y materiales con las que actualmente sobreviven muchos de los servidores públicos de la Procuraduría; desde hace más de 9 años se comenzó a realizar la transformación de este servicio, se exigió que los ministerio públicos tuvieran el título de licenciado en derecho, que éstos se profesionalizaran constantemente, no solo con los cursos oficiales, sino que se les facilitaría la realización de posgrados. Una directriz fundamental es mejorar las condiciones económicas, pues ello abonaría a que se quedaran en la institución, no buscando otras fuentes de ingreso que los distrajeran de su función, incluso estudios realizados por académicos definieron que el salario ideal fuera considerado de un rango de entre treinta a cuarenta mil pesos mensuales, además de optimizar sus prestaciones para facilitar la compra de su vivienda o el mejoramiento de la misma, acudir constantemente a evaluaciones sobre su función, cambiar los horarios laborales para hacerlos más funcionales, etc.
Hasta el momento ningún cambio positivo se ha realizado para mejorar las condiciones de trabajo de estos servidores públicos, siguen percibiendo el mismo sueldo desde hace 9 años (entre 12 a 16 mil pesos mensuales) sin actualización anual; los horarios laborales a los que son sometidos contravienen cualquier disposición en materia de derechos humanos (en algunos casos mayores de 24 hrs, más acudir a las audiencias en caso de detenidos); no cuentan con insumos materiales para realizar sus labores primordiales, incluso se ven en la necesidad de comprar hasta su papelería o reactivos (en el caso de los peritos) para cumplir con sus funciones; no cuentan con la actualización del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), que es necesario y básico para cualquier tipo de investigación, etc.
Debemos entender que tener un cargo público no implica solo acudir a reuniones, salir en los periódicos y aparentar que todo está bien, la responsabilidad se extiende a defender en todos los aspectos a la institución y a sus integrantes, buscando que se tenga lo básico para realizar la función encomendada, así que al Procurador General de Justicia, como ciudadanos interesados en que las cosas funcionen y mejoren en el Estado, le pedimos que ayude a la institución y mejore las condiciones de trabajo de quienes la integran, pues el beneficio mayor es para toda la sociedad del Estado de México.
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