Corría el año de 1974 cuando la Organización Internacional del Trabajo utilizó por primera ocasión el término “precariedad laboral”. Este concepto se utiliza para referir la inestabilidad en el puesto de trabajo. Básicamente hace alusión a aquellas situaciones en las que cada vez más personas ingresan al mundo laboral: sin contrato o con uno de muy corta duración, subcontratación (trabajar para un intermediario en lugar de aquel a quien prestó directamente el servicio), horarios reducidos (con salarios también menores), sin representación sindical, entro otras.
Dicho término ha venido siendo empleado en los estudios y mediciones del mundo del trabajo, sobre todo por tratarse de una tendencia global. El conjunto de reglas bajo las cuales se administra lo laboral en el mundo han cambiado y lo han hecho en el sentido de volver cada vez más inestable el trabajo. La precariedad laboral es básicamente una situación de permanente riesgo de perder el empleo. Sea por voluntad propia del trabajador o no, los puestos tienen cada vez más rotación de personal y la trayectoria laboral de las personas es cada vez más transitoria. Lejos están los tiempos en los que, llegada la edad productiva, se buscaba un trabajo, se permanecía en él por décadas, ascendiendo en la medida de lo posible y se terminaba jubilado y pensionado.
La precariedad laboral es básicamente una situación de permanente riesgo de perder el empleo
Las reglas vigentes hoy para regular el mundo del trabajo vienen de un proceso de “flexibilización”, que no es sino un eufemismo para referir la pérdida de derechos laborales que permitan a las empresas y organizaciones contratar en las condiciones más ventajosas para ser más “competitivo”. En tanto, para los aspirantes a un empleo, la flexibilidad laboral le es presentada como la oportunidad de tomar en sus manos la decisión de con quién trabajar, por cuánto tiempo y librarse de ataduras burocrático-sindicales. También es un término “elegante” para justificar una tendencia a individualizar y despolitizar el trabajo.
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Para decirlo con palabras simples: tener un empleo hoy ya no equivale a ser un trabajador (con la serie de derechos que ello implicaba y un estatus colectivo con relevancia política), sino a prestar servicios temporalmente (despojado de derechos y asumiendo compromisos, sin la fuerza colectiva de un gremio). Esta es básicamente la ruta en la que avanza el mundo laboral en el mundo entero. Sobre todo en los países de economías emergentes, la flexibilidad laboral ha sido una especie de requisito para poder entrar a la fiesta de la economía globalizada.
Países como el nuestro tuvieron que ir modificando sus normas para alinearse con esta ruta y mostrarse como “competitivos” en un mercado laboral global. Ser competitivo hay que entenderlo como vender más barato que el de enfrente. En el caso de la venta de la fuerza laboral, no sólo es ofrecerla más barata, sino más capacitada, mejor habilitada para añadir riqueza a las mercancías o a los servicios y todo al menor costo posible, tanto en el presente como a futuro (es decir, que no tenga que invertírsele mucho en capacitación y que no se vuelva un pasivo en términos de pensiones para quienes culminen una trayectoria jubilándose).
El resultado es que hoy tenemos un aproximado de 14. 4 millones de personas ocupadas en “situaciones críticas”, según el INEGI. En su más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, esta cifra mostró un incremento en relación con el año anterior, equivalente a 1.5 millones de trabajadores. Así, pues, al iniciar este 2021 la población ocupada en condiciones críticas incluye a personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones; las que se ocupan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo (menos de 4 mil 251 pesos mensuales), y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.
Los registros del INEGI también revelan que, a causa de la suspensión de actividades derivadas de las medidas para contener los contagios de Covid-19, se perdieron el año pasado unos 12 millones de empleos. Ya para enero de este 2021 se habían recuperado cerca de 10 millones, pero una parte de ellos reingresó al trabajo en condiciones más desfavorables. En consecuencia, hoy tenemos, dice el INEGI, unas 2.5 millones de personas desocupadas. Esto representa una tasa de desempleo de 4.4%.
Sintetizando, México mantiene una ruta en la que los trabajadores cada vez se encuentran más desprotegidos. No basta con el importante incremento que ha tenido el salario mínimo en los últimos dos años. La seguridad en el trabajo es una realidad que se traduce en expresiones como la ansiedad, falta de certidumbres para formular un proyecto de vida a largo plazo, dificultades crecientes para alcanzar la autonomía por parte de las generaciones jóvenes, frustración y la permanente provisionalidad de la vida. Todo es mientras se encuentra algo mejor.
Estas condiciones, que ya son una tendencia histórica, relacionada con un modelo económico extendido en el mundo, se han agravado a causa de la pandemia de Covid-19. Como toda crisis, la de salud derivada de la emergencia de un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), se ha cebado sobre algunos grupos. Los trabajadores –sobre todo jóvenes- que recién ingresan al mundo laboral y lo han hecho en “situaciones críticas”, como lo califica el INEGI, son los que más lo han resentido. Millones perdieron su empleo, muchos lo han recuperado, pero en el ínterin, perdieron (todavía más) condiciones que les permitan augurar un buen futuro económico.