Toluca, México, 26 de julio de 2019. Ante la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que considera viable la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los habitantes de las comunidades que rodean el área involucrada se preparan para la defensa.
A partir de la tarde de este 25 de julio, la Semarnat puso a disposición para consulta, en la Gaceta Ecológica, el resolutivo de Impacto Ambiental de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en la que se otorga –con una vigencia de 33 años para las etapas de preparación de sitio y construcción y 50 años para la operación y mantenimiento– la autorización de las obras del proyecto.
La Manifestación de Impacto Ambiental llevada a análisis por la Semarnat, en opinión de algunos académicos expertos, defensores de los recursos naturales y de derechos humanos, así como de organizaciones sociales e integrantes de la comunidad debería ser rechazada por las implicaciones de afectación ambiental y social.
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Sin embargo, aun cuando la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A. C., en el propio documento señala que en el proyecto “no se presentan los resultados de los estudios y las modelaciones que sustenten las declaraciones respecto a la no afectación de la disponibilidad de agua para el consumo humano dentro de las comunidades ubicadas dentro del espacio que conforma el SAR, así como tampoco se considera el consumo adicional que inducirá para comercios y empresas de servicios que se instalarán en las inmediaciones del AISL”, la Semarnat consideró viable el proyecto ante algunas alternativas propuestas por la Sedena.
Entre éstas se menciona que el agua requerida sería agua tratada, proveniente de plantas de tratamiento ubicadas en el estado de Hidalgo, que se trasladará mediante pipas y se utilizará para nivelaciones, compactaciones y humedecimiento de caminos; para el agua requerida en la etapa de operación y mantenimiento, según acuerdos con Conagua se instalará un acueducto proveniente del Acuífero Valle de Mezquital, cercano a la ciudad de Tula, Hidalgo.
La Sedena indica que para la etapa de preparación del sitio y construcción de las obras, se estima un requerimiento de 750 m3/día (8.7 l/s), y para la etapa de operación del sitio y mantenimiento presentó la siguiente tabla, se requiere un consumo al año de 4'385,840.00 m3/año con una eficiencia al 70% y un consumo de 5,482,300.00 m 3/año, con una eficiencia al 100 por ciento.
La resolución considera que “Sí se considera viable la transferencia de aguas nacionales subterráneas desde el acuífero Valle del Mezquital hasta la zona del proyecto, lo anterior mediante la construcción de un acueducto antes del inicio de la etapa de operación del Aeropuerto. A tal efecto, se recomienda iniciar los trabajos a la brevedad.
Por otro lado, integrantes de las comunidades que se ubican en el perímetro y alrededor del área que implica el proyecto han solicitado desde hace tiempo una consulta como lo indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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Asimismo, en el área se han realizado foros con especialistas para informar a las comunidades de las implicaciones del aeropuerto.
Al respecto, José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, comunicó que esta obra trasgrede “los derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua”; dijo: “es evidente que los habitantes de los pueblos originarios de alrededor de la base aérea militar de Santa Lucía no permitirán que sus derechos sean vulnerados. Por ello, nosotros hemos recibido la instrucción de los representantes de los pueblos para generar una defensa nacional e internacional de sus derechos”.
Para llevar a cabo la defensa, Lara Duque mencionó que se dispondrá de una defensa legal de carácter internacional, es el caso de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, se encuentran los 147 amparos promovidos por la organización #NoMásDerroches, algunos de los cuales han obtenido ya resoluciones de suspensión; estos recursos legales impulsados por el presidente de la Coparmex: Gustavo de Hoyos y Claudio X. González Guajardo, empresario cercano al Partido Revolucionario Institucional, crítico al régimen de Peña Nieto e hijo del empresario Claudio X. González Laporte, figura cercana a Carlos Salinas de Gortari, tienen la intención de suspender el proyecto en Santa Lucía y mantenerlo en Texcoco.
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La resolución, asimismo, señala 16 condicionantes para el proyecto entre las que se encuentra obtener un seguro de riesgo ambiental, mantenerlo y actualizarlo durante toda la vida útil del proyecto y cumplir con todas y cada una de las medidas de control, prevención y mitigación planteadas en el Estudio de Riesgo Ambiental, las cuales se consideran viables de ser instrumentadas y congruentes con el tipo de afectación, entre otras.
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