Toluca, Méx.- Familiares y abogados de 287 personas detenidas en el reclusorio mexiquense de Chiconautla presentaron este miércoles una inédita denuncia colectiva en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en contra del titular de esa procuraduría Alejandro Jaime Sánchez; del subprocurador general Germán García Bernal; del fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar; del director general de Litigaciones de la institución, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, y de otros funcionarios mexiquenses acusados de los delitos de tortura y contra la administración de justicia, ya que se les imputa haber fabricado carpetas de investigación en contra de los reclusos, la violación a su debido proceso, y/o el haberlos detenido de manera ilegal.
Apenas la semana pasada Fernando Ulises Cárdenas Uribe fue exhibido en un video difundido por redes sociales (YouTube) en el que de propia voz el director de Litigaciones de la PGJEM reconoce que están en prisión varias personas inocentes.
De acuerdo con el diario La Jornada, la denuncia penal colectiva, de la que posee copia La Jornada, está firmada por 287 internos de Chiconautla, entre ellos José Humbertus Pérez Espinoza, presidente y representante legal de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD), quien lleva seis meses preso ahí por tres presuntos robos con uso de arma de fuego a igual número de casas, de los cuales en uno de ellos el activista ya quedó absuelto, y en otros dos está litigando por demostrar su inocencia ante jueces federales.
La asociación que preside Humbertus Pérez Espinoza responsabiliza directamente al procurador de justicia del Estado de México de encabezar una especie de “venganza política”, debido a que el activista lo denunció penalmente por ser presunto cómplice de una serie de fraudes cometidos por las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, entre ellas Urbi, Vinte, Sadasi y Geo, que vendieron miles de casas construidas con materiales de mala calidad y a un sobre precio de hasta el 40 por ciento.
La denuncia colectiva refiere, por ejemplo, que 187 de los 287 procesados denunciantes fueron sometidos a actos de tortura por parte de agentes policiacos durante su detención. Los otros casos implican la presunta violación a su debido proceso, como el hecho de no contaron con defensores bien capacitados en el sistema acusatorio o no se les respeto su derecho humano a la tutela judicial efectiva por parte de jueces del estado de México.
El 90 por ciento de los denunciantes están en prisión acusados de delitos patrimoniales como robo o fraude. Familiares y abogados de los reclusos denunciantes realizaron este miércoles una marcha por las principales calles de Toluca, y encabezaron actos de protesta frente a las instalaciones de la PGJEM y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
En un comunicado de prensa, publicado esta tarde, el Frente Mexiquense informó que esta denuncia colectiva e inédita en su tipo obedece a que se han incrementado hasta en un 80 por ciento los casos de tortura cometidos contra reclusos a quienes de Chiconautla a los que no se les está respetando su debido proceso, razón por la que pueden obtener amparos y recuperar su libertad.
“Por la urgencia de las investigaciones que ordena el Director General de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se ha incrementado la tortura, y esto lo podemos acreditar en el Módulo 1 de Indiciados del penal de Chiconautla, en donde de una población de 750 internos, 287 carpetas son fabricadas, 187 bajo tortura. Los inculpados bajo tortura representan el 25 por ciento del Módulo 1 del penal de Chiconautla, un porcentaje muy alto que debe llevar a la renuncia inmediata del procurador mexiquense, licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, así como a la renuncia del Fiscal Regional de Ecatepec y de todos los fiscales y ministerios públicos que han avalado la tortura”, dijo en el comunicado el FMDVD.
Y añade que “el Fiscal Especial para Combatir los Delitos de los Servidores Públicos no puede ser omiso toda vez, que el nuevo sistema penal, adversarial y oral no debería permitir un sólo caso de inculpado que este procesado bajo tortura y mucho menos haber fabricado delitos a través de carpetas de investigación, porque los 287 casos que exponemos en la presente denuncia acredita que el sistema oral penal en México ha fracasado y de manera concreta en el Estado de México”.
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