Toluca, Estado de México; 18 de octubre de 2019.- Jubilados y pensionados del gobierno estatal, órganos autónomos y ayuntamientos entregaron a diputados locales de Morena un documento en el que presentan sus propuestas sobre el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que las tomen en cuenta antes de emitir la nueva ley del ISSEMyM.
Entre otros aspectos, plantean que las actualizaciones de las cuotas y aportaciones se haga de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor e insisten en que todas las decisiones se tomen con base en estudios claros y consideren a los sectores involucrados y transparenten la información de manera permanente: desde los convenios de pago, el manejo de las guarderías, centros vacacionales y otros espacios que dependen del Instituto.
En ese contexto, pidieron a los legisladores que antes de aumentar las cuotas y aportaciones demuestren que existe esa necesidad con estudios actuariales y se garantice que “nadie” retenga los pagos al ISSEMyM.
En su iniciativa no aceptan las afores, piden que las pensiones incrementen como aumenta el salario, la eliminación del criterio de supervivencia y que el Instituto calcule las cuotas del servicio médico con base en estudios actuariales, en función del estado de salud del jubilado y pensionado.
Declararon improcedente la figura jurídica del “seguro de salud” con la cual se pretenden entregar servicios a través de un contrato, sin que se pueda privatizar u otorgar facultades a empresas prestadoras de servicios de salud.
Lo mismo para los concursos de licitación pública de los servicios subrogados, como: limpieza, equipos, estudios, clínicas, farmacias, entre otros.
Piden realizar compras consolidadas directamente con los laboratorios para garantizar un costo real, sin intermediarismo.
También plantean que las enfermedades no se manejen por plazos, sino con base en la evolución del padecimiento, donde el Instituto estaría obligado a reintegrar los gastos que se hagan fuera de la institución.
El pago de los riesgos de trabajo, advierten, debe ser responsabilidad del Instituto y de los empleadores, y cuando el servidor fallezca a consecuencia de un riesgo de trabajo sus beneficiarios tendrán el derecho de gozar de una pensión con un monto establecido.
Consideraron necesario respetar la fecha de ingreso del servidor público, sin que afecte las salidas o reingreso al servicio público; cubrir los gastos de fallecimiento del servidor público o pensionado; dar un fondo de reintegro por separación a quien se separe definitivamente dentro de los 30 días siguientes de la solicitud.
Luego de trabajar con un grupo de abogados universitarios concluyeron que para la jubilación la edad se debe mantener en los 35 años de servicio y en los 55 años de edad; para el retiro por edad y tiempo de servicio 15 años de cotización y, o 55 años de edad y para el retiro por edad avanzada que hayan cotizado 15 años y tengan 60 años o más.
Incluso, proponen que para rescatar financieramente al instituto cada persona pague cuotas en función del número de dependientes económicos afiliados, a fin de que sea un trato justo y equitativo.
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