Presidente del Poder Judicial del Edomex gana casi 300 mil pesos al mes, 80% más que López Obrador

Presidente del Poder Judicial del Edomex gana casi 300 mil pesos al mes, 80% más que López Obrador

Presidente del Poder Judicial del Edomex gana casi 300 mil pesos al mes, 80% más que López Obrador

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuellar, percibe un sueldo mensual bruto de 292 mil 795 pesos, 80 por ciento más que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador cuyo salario es de 162 mil 41 pesos.

por: Ysabela García

“Para evitar la corrupción”

Recientemente, Sodi Cuellar declaró que la disminución de los sueldos en el Poder Judicial podría fomentar la corrupción entre los encargados de la justicia mexiquense. 

En los tres niveles de gobierno es este el que percibe los más altos salarios, incluso por encima del gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, y los legisladores, quienes –a diferencia del judicial– no han detenido actividades a pesar de la pandemia de covid-19.

De acuerdo al último reporte registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia, el titular del órgano encargado de la justicia mexiquense recibe una prima mensual de 275.00 pesos por sus años de servicio y de forma anual un aguinaldo, prima vacacional, gratificación por convenio y reconocimiento que suman la cantidad de 447 mil 842.68 pesos.

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En distintas declaraciones, Sodi Cuellar ha rechazado la idea de austeridad y todo aquello que pueda “derivar en el desmantelamiento de estructuras de gobierno”. 

“Las personas con talento y capaces no pueden regalar su trabajo y es necesario garantizar la independencia de las y los jueces con un ingreso razonable, ya que disminuir los sueldos a ultranza fomenta la corrupción”, dijo el magistrado presidente al participar en el taller “Cómo obtener y utilizar información de los poderes judiciales”, dijo en el taller “Cómo obtener y utilizar información de los poderes judiciales” ––organizado por México Evalúa–.

Dentro del Poder Judicial en el Edomex existe una disparidad entre los sueldos del personal, pues los magistrados se posicionan como los mejor pagados; aunque no son quienes tienen la mayor carga de trabajo.

Incluso, los magistrados de sala, perciben cantidades mayores a las del ejecutivo federal que ascienden a los 202 mil 957 pesos.

Además, legalmente, quienes terminan el cargo como magistrados no pueden trabajar durante seis años y mientras tanto reciben un haber de retiro equivalente al 100 por ciento de su salario, durante el primer año, y del 80 por ciento durante los siguientes cinco años. Son los únicos funcionarios con esta prestación.

Los jueces de primera instancia acumulan un sueldo mensual de 104 mil 815 pesos, los jueces de cuantía menor 59 mil 369 pesos y los jueces de control y tribunal de enjuiciamiento 104 mil 815 pesos.

Huyendo de la transparencia

En marzo de este año, se hicieron públicas declaraciones de trabajadores judiciales que plantearon la posibilidad de reservar información de sus declaraciones patrimoniales para evitar riesgos asegurando que eran víctimas de extorsión; situación que fue negada por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México.

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El presidente de la república ha afirmado en distintas ocasiones que se debe continuar con la limpieza del Poder Judicial y otras instituciones que mantienen los “vicios del pasado” 

“En el Poder Judicial ya estamos viendo cómo se constata con mucha frecuencia que los jueces actúan por consigna, a veces por corrupción; no todos, pero hay que seguir limpiando las instituciones, promoviendo que la justicia sea expedita”, dijo López Obrador.

En el Estado de México los reportes de transparencia han reflejado gastos excesivos en servicios personales; durante 2020, el Poder Judicial tuvo un presupuesto de 4 mil 130.9 millones de pesos, de los cuales logró ejercer 3 mil 995 millones, lo que le generó un sobrante de 135.9 millones de pesos, del cual, 73.3 por ciento fue en este rubro.

La actual administración ha sido fuertemente criticada por la falta de resultados, principalmente por la desatención en las solicitudes de amnistía o por discriminación y falta de protocolos en casos como el de la activista indígena Kenia Hernández.