El caso de Daniel García y Reyes Alpízar es uno de esos que ha puesto a México en la mira internacional; se trata de dos hombres acusados de homicidio quienes estuvieron en prisión preventiva más de 17 años.
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La prisión preventiva es el tiempo que los acusados pasan en espera de su juicio y de la sentencia y en México, constitucionalmente, no puede exceder de los dos años, sin embargo, en el caso de Daniel y Reyes pasaron 17 años.
Daniel García y Reyes Alpízar están acusados del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, sucedido el 5 de septiembre de 2001. El padre de la regidora mencionó ella podría haber sido asesinada porque sabía que en el municipio se cometían actos de corrupción; también el entonces procurador, Alfonso Navarrete Prida, dijo que Tamez Pérez, presuntamente, tenía conocimiento de irregularidades cometidas por las autoridades atizapenses.
Al encontrar una supuesta red de espionaje resaltaron que uno de los detenidos era familiar de Daniel García, secretario particular del alcalde Antonio Domínguez Zambrano.
Daniel García Rodríguez permaneció 17 años con cinco meses y 29 días permaneció preso sin sentencia y Reyes Alpízar 16 años 10 meses
Daniel fue detenido el 25 de febrero de 2002, él se había declarado dispuesto a colaborar en cualquier información relacionada con el caso; el 25 de octubre de 2002 se dio la detención de Reyes Alpízar.
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Daniel García Rodríguez permaneció 17 años con cinco meses y 29 días permaneció preso sin sentencia y Reyes Alpízar 16 años 10 meses; este último denunció tortura en el caso de su detención.
En una entrevista realizada por la periodista Carmen Aristegui, Daniel García asegura que es inocente y que el caso fue fabricado; considera que su detención fue una estrategia política armada por el ejecutivo del Estado de México, en contra de los municipios de oposición, recién había ganado las elecciones Vicente Fox; entonces era gobernador Arturo Montiel Rojas y procurador Alfonso Navarrete Prida.
Luego de 15 años sin recibir sentencia, se recurrió a instancias internacionales, en 2017, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como expertos de Naciones Unidas revisaron el caso y concluyeron que la detención de ambos “fue arbitraria por ausencia de base legal y por haber sido impuesta mediante un procedimiento que no respetó las garantías básicas de un juicio justo”.
Pero no sólo Naciones Unidas y la CIDH emitieron recomendaciones, también otros organismos se pronunciaron para que recuperaran su libertad y se dictara, finalmente, una sentencia.
Dos años luego de su liberación condicional, los juicios continúan.