Congreso mexiquense analiza reducir a 15 años las concesiones de agua

La reforma busca evitar concesiones de hasta 60 años, financiar la reparación de fugas y mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios. Antes de convertirse en ley deberá superar el análisis en comisiones y obtener el respaldo del pleno legislativo
noviembre 21, 2026

El Congreso del Estado de México tiene ante sí una propuesta para modificar las reglas de concesión de los servicios municipales de agua potable, drenaje y saneamiento. La iniciativa plantea reducir de 30 a 15 años su duración máxima, eliminar las prórrogas y establecer nuevos mecanismos de financiamiento para mejorar la infraestructura hidráulica.

Presentada por la diputada Lilia Urbina Salazar, de Movimiento Ciudadano, la reforma a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios pretende impedir que la prestación de estos servicios quede comprometida mediante concesiones que pueden extenderse durante varias administraciones.

La propuesta también contempla la creación de un Fondo Estatal de Infraestructura Hídrica, obligaciones de captación de agua de lluvia para nuevos desarrollos inmobiliarios y mecanismos de participación ciudadana en la vigilancia de las obras públicas.

Su aprobación dependerá de los acuerdos que se construyan en la LXII Legislatura, donde Morena y sus aliados cuentan con una posición mayoritaria.

El Congreso mexiquense analizará una propuesta para modificar las reglas de concesión de los servicios de agua.

¿Qué beneficios tendría la reforma?

El cambio más importante sería reducir el tiempo durante el cual una empresa concesionaria puede prestar servicios hidráulicos municipales.

Actualmente, la legislación permite concesiones de hasta 30 años, susceptibles de prórroga conforme a los requisitos legales. La reforma establecería un límite de 15 años, sin posibilidad de ampliarlo mediante prórrogas.

Esto permitiría a los ayuntamientos revisar con mayor frecuencia las condiciones de prestación del servicio y decidir, al concluir cada concesión, si mantienen un esquema de participación privada o adoptan otra modalidad de gestión.

La reducción del plazo, sin embargo, no garantiza por sí misma mejores tarifas, mayor disponibilidad de agua o inversiones suficientes. Esos resultados dependerán de las condiciones de contratación, la supervisión y la capacidad operativa de los municipios.

La infraestructura hidráulica municipal forma parte de las prioridades planteadas en la iniciativa

Recursos para combatir fugas y rehabilitar redes

La iniciativa incluye la creación de un Fondo Estatal de Infraestructura Hídrica para apoyar proyectos municipales mediante aportaciones y mecanismos de coordinación financiera.

Entre las obras que podrían financiarse están la detección y reparación de fugas, la rehabilitación de tuberías, la modernización de redes de distribución y el mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Para los municipios, contar con una fuente adicional de financiamiento permitiría atender infraestructura deteriorada cuya reparación suele superar las posibilidades de sus presupuestos ordinarios.

No obstante, la información difundida sobre la iniciativa todavía no establece cuánto dinero tendría el fondo, de dónde procederían sus recursos ni cómo se distribuirían entre los 125 municipios mexiquenses.

Estas definiciones serán fundamentales durante la discusión presupuestaria y legislativa.

Los municipios podrían contar con nuevos mecanismos de financiamiento para obras hidráulicas

Aprovechar la lluvia en nuevos desarrollos

Otro cambio afectaría a los desarrolladores de conjuntos habitacionales, industriales y de servicios.

La reforma contempla que los nuevos proyectos incorporen sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial, así como infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

El líquido recolectado se utilizaría preferentemente para riego y actividades que no requieren agua potable.

También se prevé la instalación de sistemas de infiltración cuando las condiciones geológicas, hidrológicas y ambientales lo permitan.

La medida busca reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento y aprovechar el agua de lluvia, especialmente en zonas donde el crecimiento urbano incrementa la demanda de servicios hidráulicos.

La captación de agua de lluvia busca aprovechar los recursos pluviales y reducir la demanda de agua potable en el Edomex.

¿Qué falta para que la reforma sea ley?

La presentación de la iniciativa constituye apenas el primer paso del procedimiento legislativo. Para que las nuevas disposiciones entren en vigor deberán cumplirse las siguientes etapas:

  1. Turno a comisiones. La propuesta deberá ser enviada a las comisiones legislativas competentes para su estudio. El comunicado no identifica cuáles conocerán del proyecto.
  2. Análisis y dictamen. Los diputados podrán solicitar información técnica, escuchar a las autoridades del agua, revisar sus implicaciones financieras y modificar el texto original. Las comisiones deberán emitir un dictamen favorable o desfavorable.
  3. Discusión en el pleno. Si obtiene un dictamen favorable, la reforma será sometida a consideración de los 75 integrantes del Congreso mexiquense. Al tratarse de una modificación a una ley ordinaria, requiere mayoría simple, con el quórum legal correspondiente.
  4. Promulgación y publicación. Una vez aprobada, la reforma deberá remitirse al Poder Ejecutivo y publicarse en la Gaceta del Gobierno para entrar en vigor conforme a sus disposiciones transitorias.

El Reglamento del Poder Legislativo contempla estos procedimientos y permite que las comisiones incorporen elementos técnicos y jurídicos antes de presentar sus dictámenes.

Los plazos de dictaminación se sujetan a los calendarios establecidos por la Junta de Coordinación Política. Por tanto, la presentación de la iniciativa no supone una fecha automática para su aprobación.

Las condiciones de las concesiones vigentes deberán formar parte de la discusión legislativa.

El debate sobre el agua llegará a las comisiones

Uno de los aspectos que deberán examinar los legisladores es la relación entre la duración de las concesiones y las inversiones necesarias para prestar los servicios.

Los contratos de infraestructura hidráulica pueden requerir inversiones de recuperación prolongada. Reducir su vigencia obligaría a revisar los mecanismos de financiamiento y las condiciones de participación de los concesionarios.

También será necesario precisar qué ocurriría con las concesiones vigentes y cómo se garantizaría la continuidad de los servicios al concluir los contratos.

La propuesta deberá superar el procedimiento legislativo antes de entrar en vigor.

La propuesta de Movimiento Ciudadano, cuyo grupo parlamentario coordina Juan Manuel Zepeda Hernández, abre así una discusión que involucra a los ayuntamientos, organismos operadores, autoridades estatales y usuarios.

El resultado dependerá de las modificaciones que acuerden las comisiones y del respaldo que consiga la reforma en el pleno.

Mientras tanto, los plazos actuales permanecen vigentes y el Fondo Estatal de Infraestructura Hídrica continúa siendo una propuesta sin presupuesto asignado.

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