Diputados buscan suspender peajes en carreteras en obras

El Congreso mexiquense analizará una reforma para evitar que los automovilistas paguen cuota cuando los trabajos de mantenimiento provoquen congestionamientos. La Toluca-Atlacomulco, donde se denuncian retrasos de hasta tres horas, es uno de los casos que motivaron la iniciativa
noviembre 21, 2026

Los automovilistas y transportistas que utilizan las autopistas de cuota del Estado de México podrían dejar de pagar peaje cuando los trabajos de mantenimiento afecten la circulación, si el Congreso local aprueba una reforma al Código Administrativo estatal.

La iniciativa, presentada por la diputada Leticia Mejía García, del PRI, busca facultar al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) para suspender temporalmente el cobro en las vialidades donde las obras impidan mantener un tránsito fluido.

La propuesta parte de un problema cotidiano: los usuarios pagan por circular en carreteras de cuota, pero durante determinadas obras enfrentan congestionamientos, largas filas y tiempos de traslado considerablemente mayores a los habituales.

El proyecto, al que también se sumó el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, pretende que esas afectaciones tengan consecuencias para la operación del servicio y no representen únicamente pérdidas de tiempo y dinero para los conductores.

Diputados mexiquenses buscan suspender temporalmente el cobro de peaje en autopistas afectadas por obras.

Toluca-Atlacomulco, el caso que motivó la reforma

Durante la presentación de la iniciativa ante la LXII Legislatura, Leticia Mejía señaló las condiciones de la autopista Toluca-Atlacomulco, donde los trabajos de mantenimiento han ocasionado problemas de circulación.

De acuerdo con la legisladora, los retrasos han llegado hasta tres horas, además de registrarse deficiencias en la señalización, lentitud en las obras y demoras en las plazas de cobro.

La diputada también cuestionó las condiciones de seguridad vial y los mecanismos de control de velocidad durante los trabajos.

Los señalamientos corresponden a la exposición legislativa y no constituyen, por sí mismos, una evaluación técnica independiente de la autopista.

El caso ilustra el problema que pretende atender la reforma: el pago de una tarifa por utilizar una carretera cuya capacidad de circulación se encuentra temporalmente reducida.

La Toluca-Atlacomulco es una de las autopistas mencionadas durante la presentación de la propuesta.

¿Quiénes serían los beneficiados?

La suspensión del peaje favorecería directamente a quienes utilizan las autopistas estatales de cuota afectadas por obras de conservación o rehabilitación.

Entre ellos se encuentran los trabajadores que realizan traslados diarios entre municipios, las familias que viajan por motivos personales y los transportistas que movilizan mercancías.

Para los usuarios frecuentes, la suspensión temporal representaría un ahorro durante los periodos de afectación. En el transporte de carga, permitiría reducir parcialmente los costos asociados a recorridos que ya sufren retrasos por las obras.

La medida no eliminaría los congestionamientos, pero evitaría que los conductores pagaran la tarifa correspondiente mientras estuviera vigente una suspensión autorizada.

Su alcance dependería de las condiciones que finalmente estableciera la legislación.

Las obras de mantenimiento pueden reducir temporalmente la capacidad de circulación de las autopistas.

¿Qué dice la regulación vigente?

La Norma Oficial Mexicana NOM-033-SCT2-2024 establece disposiciones para el diseño y funcionamiento de las plazas de cobro y contempla medidas destinadas a evitar demoras ocasionadas por el proceso de pago.

La iniciativa mexiquense aborda una situación distinta: las afectaciones a la circulación provocadas por obras de mantenimiento en las autopistas.

La diferencia es importante porque una demora en una caseta no necesariamente tiene el mismo origen ni las mismas consecuencias que un cierre de carriles por trabajos de rehabilitación.

La reforma busca incorporar expresamente entre las atribuciones de SAASCAEM la facultad de determinar cuándo corresponde suspender el cobro por estas circunstancias.

No plantea eliminar las tarifas de las autopistas ni establecer su gratuidad permanente.

¿Qué falta para que se apruebe?

La iniciativa deberá superar el procedimiento legislativo antes de convertirse en una obligación para los operadores de las autopistas.

Primero tendrá que ser turnada a las comisiones competentes del Congreso mexiquense, donde los diputados analizarán su viabilidad jurídica, financiera y operativa.

Durante esa etapa podrán solicitar información a SAASCAEM, revisar las condiciones de los contratos de concesión y determinar los criterios que justificarían una suspensión temporal del peaje.

Entre los asuntos pendientes están la duración mínima de los congestionamientos, la autoridad responsable de verificar las afectaciones y la aplicación de la medida en autopistas concesionadas.

Una vez elaborado el dictamen, si resulta favorable, deberá presentarse al pleno de la Legislatura para su discusión y votación. Al tratarse de una reforma legal ordinaria, requerirá mayoría simple, con el quórum correspondiente.

Si obtiene los votos necesarios, el decreto seguirá el procedimiento de promulgación y publicación en la Gaceta del Gobierno, antes de entrar en vigor conforme a sus disposiciones transitorias.

Por ahora no existe una fecha confirmada para su votación.

Las empresas concesionarias tienen obligaciones relacionadas con la conservación y operación de las autopistas

El costo de las obras, a discusión

La iniciativa también plantea una cuestión económica: quién debe asumir las consecuencias de los trabajos de mantenimiento cuando estos alteran significativamente las condiciones de circulación.

Las empresas concesionarias reciben ingresos por el uso de las autopistas, pero también tienen obligaciones relacionadas con su conservación y operación.

La eventual suspensión del cobro introduciría un mecanismo para proteger a los usuarios durante los periodos en que las obras dificulten la prestación habitual del servicio.

Su aplicación deberá conciliar los derechos de los conductores con las obligaciones contractuales de los concesionarios y las facultades de supervisión del Estado.

Mientras el Congreso no apruebe la reforma, las cuotas seguirán cobrándose conforme a las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las reglas que ya regulan la operación de las plazas de cobro.

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