En la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de Toluca, encabezada por el alcalde Ricardo Moreno Bastida, se aprobó por unanimidad reformas significativas a la Constitución local, destinadas a garantizar derechos sociales y promover una mayor inclusión en la entidad a grupos vulnerables.
El acuerdo sometido a consideración del Cabildo se basó en la minuta proyecto de decreto de la LXII Legislatura del Estado de México, que modifica varios párrafos del artículo 5° y 19 de la Constitución estatal, elevando a rango constitucional los programas sociales.
La reforma garantiza derechos fundamentales como:
- Garantizar vivienda adecuada para todas las personas.
- Otorgar rehabilitación y pensiones no contributivas a adultos mayores y personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
- Brindar apoyos directos a productores agrícolas y pesqueros de pequeña escala.
- Establecer políticas públicas inclusivas que promuevan bienestar social, justicia, igualdad y erradiquen la discriminación.
Durante la sesión, se destacó que el estado asignará los recursos presupuestarios necesarios de manera progresiva y oportuna para asegurar la efectividad de los derechos consagrados.
Asimismo, se reconoció el avance que representan estas reformas para los grupos prioritarios y la consolidación de derechos sociales, pero también hizo un llamado a garantizar un blindaje jurídico para su correcta implementación.
Como parte del Constituyente permanente, el Cabildo de Toluca aprobó la minuta sin posibilidad de modificaciones, cumpliendo con lo establecido por la Constitución del Edomex.
¿Qué significa que sean constitucionales?
Reconocimiento de derechos
La Constitución reconoce los programas sociales como parte de los derechos de la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables, quienes tienen el derecho de exigir su acceso como una obligación del Estado.
Mayor protección
Estos programas no pueden eliminarse o modificarse de manera arbitraria. Cualquier cambio requeriría un proceso legislativo complejo, lo que protege a los beneficiarios.
Compromiso del Estado
El estado tiene la obligación legal de garantizar la implementación y funcionamiento de estos programas como parte de la justicia social.
Base legal sólida
Se asegura una estructura legal estable y permanente, evitando que dependan de políticas de corto plazo o de la orientación de un partido político.
Garantía de continuidad
La reforma busca que los programas sociales se mantengan y se fortalezcan independientemente de quién esté en el poder, protegiendo así la seguridad económica y social de las familias beneficiarias.
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