Han sido sólo tres lustros, pero parece ser ya una normalidad antiquísima: niños, adolescentes y hasta bebés prendidos de un celular o una Tablet. Hasta hace 15 años eso no existía. En este corto tiempo se han generado condiciones para hablar de un punto de inflexión civilizatorio, porque hemos entregado las llaves de la socialización infantil y adolescente a algoritmos de diseño persuasivo, bajo la premisa optimista de que el acceso ilimitado a la información equivaldría a una democratización del conocimiento.
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La evidencia acumulada por estudios psicológicos, antropológicos y sociológicos sugiere una realidad compleja y preocupante que ha llevado a proponer una restricción en el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales en menores de 15 años. En países como Australia y Francia ha dejado de ser una opinión de padres preocupados para convertirse en una cuestión de salud pública, que llevó a normas para restringir esta práctica y regular tanto el uso de smartphones como de redes sociales digitales.
La gratificación inmediata de los likes y la inmediatez de la validación digital generan una vulnerabilidad exacerbada ante la ansiedad, los trastornos de la imagen corporal y la disfunción de la atención.
Desde la psicología, el panorama es claro. El cerebro infantil y adolescente, cuya corteza prefrontal —el centro de la toma de decisiones y la autorregulación—está en plena construcción, se enfrenta a una tecnología diseñada para secuestrar el sistema de dopamina. La gratificación inmediata de los likes y la inmediatez de la validación digital generan una vulnerabilidad exacerbada ante la ansiedad, los trastornos de la imagen corporal y la disfunción de la atención.
Desde la antropología, el problema es aún más profundo: estamos atestiguando una ruptura en la transmisión cultural. Tradicionalmente, la maduración humana ocurría mediante el aprendizaje por observación, la interacción física y el mantenimiento de «tiempos muertos» o espacios liminales, donde el individuo procesaba su propia identidad basado en la reflexión. La hiperestimulación constante elimina el aburrimiento, que es el sustrato del pensamiento crítico y la introspección. Al convertir al otro en un avatar y a la experiencia en una representación, estamos alterando la base misma de nuestra arquitectura social: la empatía física.
En México, la situación es cautelosa pero reveladora. No existe una prohibición federal, pero el mosaico de acciones estatales —desde los protocolos en Morelos hasta las iniciativas en Querétaro— demuestra que el consenso social está cambiando. El gobierno mexicano ha optado, hasta ahora, por una postura de diálogo con foros como «Más allá de las pantallas», en colaboración con la UNESCO. Esta estrategia hecha pública hace apenas unos días por el titular de la SEP, evita el choque frontal con la cultura digital, pero reconoce que el laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) ha fracasado.
Colocados en esta situación, veo al menos tres posibilidades. Una es la regulación punitiva: es probable que algunos estados o países opten por leyes draconianas que prohíban el uso de teléfonos en entornos escolares y redes sociales antes de los 16 años. Si bien esto podría reducir el ciberacoso y mejorar el rendimiento académico a corto plazo, el riesgo es generar un mercado negro digital donde el menor, sin la guía adulta, experimente la tecnología de forma más oculta y, por ende, más peligrosa.
Otra vía es la de la alfabetización digital consciente: quizá el escenario más deseable, pero el más complejo de implementar. Implica que el Estado, la escuela y la familia se unan para crear una «ecología del desarrollo». No se trata solo de quitar el celular, sino de enseñar ética digital, proteger el tiempo de sueño y fomentar el juego no mediado por dispositivos electrónicos. Aquí, el teléfono deja de ser un derecho de nacimiento y se convierte en una herramienta con «licencia de uso», obtenida mediante una madurez demostrable.
Y existe, incluso, una tercera opción: la desconexión de élite, que el apartarse de smartphone y redes sea un distintivo, un símbolo de estatus. En sociedades tecnificadas, las familias con mayores recursos podrían optar por escuelas y entornos de crianza «libres de pantallas», mientras que las clases vulnerables sigan expuestas a una sobreexposición digital que limite su desarrollo cognitivo, lo cual claramente terminaría profundizando -aún más- las brechas de desigualdad existentes.
La restricción de dispositivos digitales no debería entenderse como un acto de ludismo o una lucha contra el progreso. Por el contrario, es un acto de resistencia antropológica. Se trata de defender el derecho de los menores a ser niños, a cometer errores fuera del escrutinio de una audiencia global y a desarrollar una identidad propia que no dependa de la métrica de un algoritmo.
El Estado, en México y en el mundo, tiene la responsabilidad de crear un marco que proteja a los menores, no solo de los riesgos del ciberacoso, sino de la erosión de su propia humanidad. Como sociedad, debemos entender que la tecnología es un medio, no el fin. La prioridad debe ser garantizar que, antes de ser usuarios de redes sociales, nuestros niños y jóvenes sean humanos con la capacidad de habitar el mundo físico, de gestionar su silencio y de mirar a los ojos sin que una pantalla medie la experiencia. La regulación es necesaria, pero la educación será siempre la verdadera salvaguarda.
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