Toluca, México. 26 de mayo de 2019. A raíz de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, por lo menos se han promovido 13 demandas de amparo contra la derogación de dicho proyecto, seis de las cuales ya fueron admitidas, de acuerdo con información del periódico Reforma.
Los jueces Quinto, Octavo y Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como el Segundo Auxiliar, han admitido cinco amparos. Debido a esto, el Gobierno está obligado a rendir informes y justificar la cancelación del NAIM, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal.
El Juez Segundo de Distrito admitió otro amparo, pero sólo contra el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en el actual aeropuerto. Al mismo tiempo desechó el reclamo por la cancelación del NAIM.
Por el momento, solo en dos casos se resolvió la petición de suspender el proyecto del gobierno actual para un aeropuerto civil en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, la cual fue negada.
Los jueces consideraron que en cinco amparos la competencia corresponde a Juzgados de Ciudad Nezahualcóyotl por su cercanía con las obras. Dos más fueron descalificados por improcedentes.
Por otro lado, los demandantes -entre ellos la activista María Elena Morera- alegan tener interés legítimo para cuestionar la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que pagan TUA, tarifa que desde 2014 fue la principal fuente de financiamiento del NAIM.
Otro de sus argumentos es que, como contribuyentes, tienen derecho a que se respeten los principios del artículo 134 de la Constitución, el cual versa sobre eficiencia, eficacia y transparencia del gasto público.
Además, los demandantes cuestionan la consulta pública que López Obrador convocó en octubre del año pasado para aprobar la cancelación, al margen de las reglas legales para dichos procesos.
No obstante, a pesar de las demandas, el trámite de los juicios puede prolongarse varios meses, incluso años, y no afectará el proyecto de Santa Lucía, a menos que algún juez o tribunal colegiado conceda una suspensión.