Toluca, Estado de México. 4 de abril de 2019.- Mientras se despenaliza o no el aborto en el Estado de México, se presentó otra propuesta legislativa para otorgar amnistía a las mujeres que están encarceladas por ese delito en el territorio mexiquense.
En la sesión legislativa de este jueves, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, refirió que del 2018 a la fecha, en la entidad hay al menos 100 mujeres prisioneras por practicarse un aborto, de las cuales 19 fueron detenidas entre enero y febrero de este año.
A nivel nacional, la cifra es de cuatro mil, pese a que organizaciones pro vida como el Frente Nacional por la Familia afirman que no hay mujeres detenidas por ese delito. Sin embargo, un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, señala que entre 2007 y 2016, 4 mil 246 mujeres fueron denunciadas por abortar.
En total 83 mujeres cumplieron prisión preventiva y otras 53 lo hicieron de manera definitiva. De esa cifra 38 fueron sentenciadas en el Estado de México revela el estudio denominado “Maternidad o Castigo”, efectuado a partir de 900 solicitudes de acceso a la información pública y a 56 versiones públicas de sentencias relacionadas con procesos reproductivos.
“Podemos discutir más el tema de la despenalización del aborto pero (mientras) podemos otorgar la amnistía a las mujeres que han abortado”, señaló el legislador perredista, al destacar que la mayoría de ellas están presas por no tener abogado ni contar con los recursos para pagar una fianza.
El informe de GIRE menciona por su parte que en México las sanciones por ese delito varían de acuerdo al Código Penal de cada entidad, pero van de 15 días a seis años de cárcel y las multas oscilan entre 20 y 300 días de salario mínimo.
En el Estado de México las sanciones que establece el Código Penal en sus artículo 248 van de uno a 8 años de prisión, dependiendo de las agravantes del caso y de 30 a 400 días de salario mínimo.
La iniciativa para contar con una ley de amnistía propuesta por el PRD fue turnada para su análisis a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia.
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