Toluca, México; 24 de abril de 2018. Cerca de 4 mil elementos policiales, tanto estatales como federales, ingresaron a la comunidad de Acazulco en el municipio de Ocoyoacac a fin de continuar con las labores de construcción del Tren Interurbano, a pesar de que pobladores del lugar tienen el amparo 109/18 en el que se establece, como parte de los acuerdos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no podía ingresar ningún tipo de fuerza pública para poder continuar con las labores de construcción de la obra ya mencionada.
De acuerdo con Proceso, los comuneros afirmaron que no responderán las agresiones que puedan derivar ante el ingreso de los uniformados y responsabilizan de manera directa al presidente Peña Nieto por cualquier ataque en su contra, así como detenciones o desapariciones de cualquiera de ellos.
De acuerdo con el abogado de los comuneros, Santiago Pérez, denunciarán este día ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las violaciones a las garantías de esta comunidad que, asegura, derivan de la falta de argumentos por parte de las autoridades para poder defender la obra, por lo que ante esa incapacidad el gobierno recurre al uso de la fuerza. Los comuneros solicitarán vigilancia constante para asegurar que no exista uso de la fuerza pública.
En declaraciones emitidas al rotativo Proceso, Santiago Pérez aseguró que el tren se trata de “una obra faraónica injusta; de nada sirve un tren elevado si genera pobreza, desabasto de agua potable que afecta la flora, fauna y las costumbres y calidad de vida del pueblo”, misma que, con un pago de 110 millones de pesos, quieren justificar su actuar para la construcción de este tren.
De acuerdo con algunos pobladores, el pago de esta millonaria cifra es sólo por el “uso temporal” de las tierras; sin embargo, esto representa daños irremediables en la flora y fauna del lugar que ningún precio monetario podría remediar.
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