El protocolo de actuación policial en la justicia cívica en el Estado de México se basa en el respeto a los derechos humanos, procedimientos claros de detención y registro, garantías legales para las personas detenidas y la promoción de la mediación policial como una herramienta para resolver conflictos sin recurrir al sistema judicial de manera automática.
El protocolo de actuación policial en la justicia cívica en el Estado de México incluye aspectos clave como el respeto a los derechos humanos y el uso de la fuerza.
Aquí te mencionamos los principales principios y procedimientos para la detención y tratamiento de personas que hayan cometido infracciones administrativas en los municipios de la entidad.
Proceso de detención
Los elementos de seguridad pública deben actuar de acuerdo con principios constitucionales que incluyen el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas. Esto implica tratar a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de la naturaleza de la infracción.
Cuando un elemento de seguridad pública procede a la detención de una persona probablemente infractora, debe seguir un procedimiento específico. Esto incluye informar a la persona de las acusaciones en su contra, registrar los detalles de la detención en un Informe Policial Homologado (IPH) y garantizar que la detención sea conforme a la legalidad.
Después de la detención, la persona probablemente infractora debe ser trasladada a una Oficialía Calificadora o Juzgado Cívico para continuar con el proceso legal. Este traslado debe hacerse de manera segura y respetando los derechos de la persona detenida.
Se debe registrar de manera adecuada todos los datos relacionados con la detención y el proceso en el IPH. Esto incluye detalles sobre la infracción, la identificación de la persona detenida y otros datos relevantes.
En todo momento debe haber presencia de Custodios en las Oficialías Calificadoras o Juzgados Cívicos para garantizar la seguridad de las personas detenidas durante su tiempo de detención y audiencia.
Uso de la fuerza
Los elementos de seguridad pública deben utilizar la fuerza de manera proporcional y conforme a la legalidad. Esto significa que solo deben recurrir a la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcionada a la situación.
El uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad debe ser un último recurso y utilizarse solo cuando sea necesario y proporcional para proteger vidas y mantener el orden público.
De acuerdo con el protocolo de actuación policial en la justicia cívica el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional a la amenaza o resistencia que enfrenta un oficial de policía. Esto significa que solo se debe utilizar la cantidad mínima de fuerza necesaria para lograr un objetivo legítimo.
Por ejemplo, si un individuo no presenta una amenaza significativa, el uso de la fuerza letal debe ser evitado.
Los oficiales de policía deben considerar el uso de la fuerza como el último recurso después de agotar todas las alternativas no violentas disponibles para controlar una situación.
El uso de la fuerza letal, como el uso de armas de fuego, está estrictamente regulado y solo debe emplearse en situaciones extremas donde haya una amenaza inminente de muerte o lesiones graves para el oficial de policía o para otras personas.
Antes de utilizar la fuerza, los oficiales de policía deben dar advertencias claras y, cuando sea posible, brindar la oportunidad para que el individuo se rinda pacíficamente.