El Estado de México enfrenta uno de los episodios más relevantes en la historia de su combate a la corrupción. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra 33 exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares, presuntamente involucrados en una estructura dedicada a manipular la nómina gubernamental mediante la creación de plazas irregulares, contratación de «aviadores» y desvío sistemático de recursos públicos. Hasta el momento, 27 personas fueron vinculadas a proceso, una espera la resolución de su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo.
El caso constituye un parteaguas para el combate a la corrupción en la entidad. Nunca antes una investigación penal había alcanzado simultáneamente a exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, subdirectores, jefes de departamento, capturistas, operadores y particulares por un presunto esquema para capturar áreas estratégicas encargadas de administrar la nómina del Gobierno del Estado. La investigación sostiene que la organización operó al menos desde 2021, infiltrando dependencias clave como las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, además de la Oficialía Mayor y la actual Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
Más que un caso de «aviadores», la Fiscalía describe la operación de una estructura que presuntamente controló distintas fases del sistema de administración de personal: el reclutamiento de falsos docentes, la captura de altas en los sistemas oficiales, la autorización administrativa, la dispersión de la nómina y el retiro del dinero. De acreditarse esta hipótesis durante el proceso judicial, el expediente podría convertirse en el caso más importante relacionado con la administración de la nómina pública en la historia reciente del Estado de México.
Una investigación que comenzó desde el propio Gobierno
La indagatoria no surgió por una denuncia ciudadana ni por una auditoría externa. Su origen está en el propio Gobierno del Estado de México. Los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de 2026, la representación legal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación presentó tres denuncias penales después de detectar 459 movimientos de alta de personal docente correspondientes a personas que aparecían registradas en la nómina, pero que nunca desempeñaban las funciones para las que supuestamente habían sido contratadas.
Aquellas primeras anomalías llevaron a la Fiscalía a reconstruir un entramado que, según su hipótesis, llevaba operando al menos desde 2021 y que no se limitaba a la existencia de trabajadores inexistentes. La investigación sostiene que detrás de esas altas había una organización integrada por funcionarios de distintos niveles jerárquicos que controlaban prácticamente todo el circuito administrativo de la nómina pública: desde el reclutamiento de personas para prestar su identidad, hasta la autorización de plazas, la dispersión de los salarios y el retiro del dinero en efectivo.
La presunta captura de la nómina pública
Los actos de investigación permitieron identificar la probable participación de dos ex subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, además de coordinadores, delegados administrativos, directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, capturistas y particulares que desempeñaban funciones estratégicas en la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Oficialía Mayor y la actual SECTI.
Para la Fiscalía, uno de los elementos que explica la permanencia del esquema es que varios de los investigados mantenían relaciones familiares o vínculos personales de estrecha confianza, lo que permitió que, cuando alguno dejaba un cargo, quien lo sustituía fuera incorporado al mismo mecanismo de operación. Así, la estructura habría sobrevivido a cambios administrativos y relevos de funcionarios, preservando el control sobre áreas fundamentales para la administración del personal gubernamental.
La revisión de cientos de expedientes permitió detectar un patrón constante de irregularidades. En numerosos casos no existían documentos profesionales indispensables para contratar docentes, faltaban expedientes administrativos completos o simplemente nunca se integraron los requisitos exigidos por la normatividad. Pese a ello, las altas eran procesadas e incorporadas al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP), posteriormente a META4, la plataforma utilizada por la Oficialía Mayor para administrar y dispersar la nómina del Gobierno estatal.
La investigación sostiene que parte de los hoy imputados había participado previamente en el desarrollo e implementación de META4 y, una vez incorporados como servidores públicos, fueron ocupando posiciones estratégicas desde las que presuntamente facilitaron la manipulación del sistema. Entre los nombres que aparecen en esta etapa de la investigación figuran Óscar «N», entonces director general de Personal de la Subsecretaría de Administración, así como Rodolfo Alejandro «N», Araceli «N», Yunuen «N», Erick «N», David «N», Eduardo «N», Diego Emmanuel «N» y Fabiola Lidia «N», quienes posteriormente desempeñaron funciones en distintas dependencias estatales.
Para los investigadores, ese proceso permitió que la presunta organización no solo conociera el funcionamiento interno de los sistemas de nómina, sino que además controlara áreas clave para autorizar movimientos, validar expedientes, registrar altas y liberar pagos, creando las condiciones para que el esquema operara durante varios años sin ser detectado.
Así operaba la presunta organización
La investigación de la Fiscalía sostiene que el esquema no dependía de una sola persona, sino de una estructura perfectamente organizada en la que cada integrante desempeñaba una función específica para convertir la nómina del Gobierno del Estado en una fuente permanente de recursos.
El primer eslabón eran los llamados «reclutadores». Su tarea consistía en captar principalmente familiares, amigos y personas de absoluta confianza dispuestas a proporcionar sus documentos personales para ser registradas como docentes del sistema educativo mexiquense, aun cuando nunca impartieran clases ni prestaran servicio alguno.
Con la documentación en su poder, la operación pasaba a funcionarios con acceso al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y a la plataforma META4, desde donde, presuntamente, se generaban las altas irregulares.
La Fiscalía sostiene que funcionarios de la SECTI y de la Oficialía Mayor incluso intercambiaban claves personales de acceso al sistema para registrar plazas fraudulentas y asignarlas a planteles educativos inactivos, reduciendo así la posibilidad de que los supuestos docentes fueran detectados durante inspecciones o supervisiones escolares.
Las investigaciones revelan que, en la mayoría de los casos, los expedientes carecían de la documentación mínima exigida por la normatividad. No existían propuestas de contratación emitidas por las autoridades educativas, faltaban los Formatos Únicos de Movimiento de Personal (FUMP) o simplemente los expedientes estaban incompletos. A pesar de ello, las altas eran capturadas en el SIGAP, validadas administrativamente y autorizadas para el pago de salarios.
El expediente sostiene que los capturistas, aunque ocupaban los puestos de menor rango dentro de la organización, desempeñaban un papel indispensable. Algunos realizaron más de 70 movimientos de alta irregulares y, de acuerdo con la investigación, recibían cinco mil pesos por cada movimiento efectuado. Para ocultar el patrón de operación, muchas de las altas se realizaban durante la madrugada y los operadores alternaban mensualmente las cuentas de usuario utilizadas para ingresar la información, dificultando así su rastreo.
La Fiscalía también sostiene que directores generales, directores de área, jefes de departamento y personal operativo autorizaban licencias, validaban movimientos administrativos y tramitaban pagos para que los falsos docentes fueran asignados a escuelas con claves de centros de trabajo inactivos ubicados en municipios como Toluca, Metepec, Zinacantepec, Texcoco, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Zumpango, Amecameca, Tejupilco, Luvianos y Almoloya de Alquisiras, entre otros.
Las tarjetas bancarias: el dinero nunca llegaba al supuesto docente
Una vez creada la plaza y depositado el salario, comenzaba la etapa financiera del esquema.
Según la investigación, los reclutadores o terceros retenían las tarjetas bancarias de los falsos docentes o coordinaban directamente los retiros del dinero. Posteriormente, los recursos eran distribuidos entre los integrantes de la organización.
La Fiscalía afirma que, en algunos casos, por cada 200 mil pesos depositados en concepto de salarios, el falso docente apenas recibía seis mil pesos, mientras los operadores de mayor jerarquía concentraban la mayor parte del dinero e incluso establecían estrategias para definir los montos máximos que podían retirarse o bancarizarse sin generar alertas.
El antecedente que anticipó el fraude
Para los investigadores, uno de los antecedentes más importantes ocurrió el 19 de diciembre de 2021.
Ese día fue detenido Juan Alberto «N» cuando realizaba retiros en un cajero automático del centro de Toluca.
Al momento de su captura llevaba 164 tarjetas de débito expedidas a nombre de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.
Durante la investigación ministerial, Rodolfo Alejandro «N», entonces superior jerárquico del detenido, declaró que Juan Alberto tenía instrucciones para apoyar en gestiones bancarias relacionadas con tarjetas que presentaban fallas. A su vez, Eduardo «N» aseguró que el dinero encontrado era producto de un préstamo personal respaldado incluso por un pagaré. También comparecieron Yesica «N», Freddy Raymundo «N» y Felipe «N», quienes ofrecieron versiones similares para justificar la posesión del efectivo y las tarjetas.
Sin embargo, la Fiscalía considera que aquel episodio constituye uno de los primeros indicios documentados de una organización que obtenía recursos públicos mediante el control de cuentas bancarias vinculadas con la nómina gubernamental y que el mecanismo ya operaba, al menos, desde ese año.
Cuando comenzaron las auditorías
El expediente incorpora además mensajes de texto que muestran cómo la organización presuntamente intentó protegerse cuando comenzaron las revisiones oficiales.
Los reclutadores instruyeron a los falsos docentes no darse de alta en el ISSEMyM, cancelar sus cuentas bancarias y, si eran requeridos por alguna autoridad, negar cualquier relación con el Gobierno del Estado.
Uno de los mensajes integrados a la carpeta de investigación señala:
«Están auditando las cuentas… si reciben una llamada o una visita… nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno… nunca recibimos ningún beneficio del gobierno… jamás hemos tenido cuentas para el trabajo en gobierno… no conocemos a nadie en gobierno».
Para la Fiscalía, estas comunicaciones evidencian un intento por ocultar la operación y evitar que la investigación alcanzara a los mandos superiores de la organización.
Más de 96 millones de pesos… y una vida de privilegios
De acuerdo con la investigación, únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, la organización habría obtenido más de 96 millones de pesos, producto de salarios, aguinaldos, primas vacacionales y otras prestaciones depositadas en las cuentas de los falsos docentes.
La Fiscalía estima que el daño patrimonial podría ser considerablemente mayor si durante el proceso penal logra acreditarse que el esquema operó de manera continua desde 2021.
El expediente sostiene además que los propios operadores de la red se asignaban plazas docentes con percepciones cercanas a 50 mil pesos mensuales, las mantenían mediante licencias irregulares y las conservaban para garantizar antigüedad, prestaciones y futuros derechos de jubilación.
Pero el dinero no solo aparecía en las cuentas bancarias.
La Fiscalía incorporó información patrimonial que, a su juicio, resulta incompatible con los ingresos ordinarios de servidores públicos. La investigación refiere viajes a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e islas del Caribe, además del uso de vehículos de alta gama, prendas y accesorios de lujo y la ocupación de inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía.
Para el Ministerio Público, ese estilo de vida constituye otro de los indicios que fortalecen la hipótesis de que la organización obtenía beneficios económicos derivados del presunto desvío de recursos públicos, extremo que deberá acreditarse durante el proceso judicial.
Un expediente de 30 tomos y 12 mil fojas
La magnitud de la investigación también queda reflejada en el volumen de las pruebas reunidas por la Fiscalía.
Hasta ahora, la carpeta integra 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas, conformadas por entrevistas, inspecciones ministeriales, peritajes, análisis documentales, informes policiales, cateos y diversos actos de investigación que fueron presentados ante el Poder Judicial para solicitar órdenes de aprehensión, técnicas especiales de investigación y las correspondientes audiencias de imputación.
El tamaño del expediente obligó incluso al Poder Judicial del Estado de México a instrumentar un despliegue extraordinario de personal jurisdiccional para atender la cantidad de solicitudes formuladas por el Ministerio Público, desde órdenes de aprehensión hasta diligencias relacionadas con cateos y audiencias de vinculación.
¿Quiénes son los principales implicados?
La Fiscalía identificó a 33 personas como presuntos integrantes de la organización.
Entre ellos se encuentran seis exservidores públicos, 21 funcionarios en activo, particulares utilizados como reclutadores y falsos docentes.
Exfuncionarios de alto nivel
Entre los exservidores públicos investigados destacan:
- Óscar «N», exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, cargo que ocupó entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
- Sergio Andrés «N», ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación entre 2019 y 2023.
- Alfredo «N», ex delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica de la SECTI.
- Felipe «N», ex elemento de la Secretaría de Seguridad.
- Fredy «N», ex elemento de la Secretaría de Seguridad.
- Yesica «N», ex elemento de la Secretaría de Seguridad.
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Funcionarios de la Oficialía Mayor
Entre los servidores públicos actualmente adscritos a la Oficialía Mayor aparecen:
- Juan Alberto «N», delegado administrativo de la Dirección General de Personal.
- Araceli «N», directora de Remuneraciones al Personal.
- Yunuen «N», subdirectora de Actualización de Base de Datos.
- Fabiola Lidia «N», líder de proyecto y secretaria particular.
- Christopher «N», subdirector de Desarrollo Técnico.
- Diego Emmanuel «N», jefe del Departamento de Base de Datos de Nómina.
- David «N», director de Sistemas y Tecnologías de la Información.
- Daniel «N», secretario particular del director general de Personal.
- Jair «N», analista especializado y persona de confianza de Yunuen «N».
Funcionarios de la SECTI
Asimismo, fueron detenidos once servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:
- Daniel Arturo «N», delegado administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica.
- Alejandra «N».
- Ángel Fernando «N».
- Anel «N».
- Yuritzi Lucero «N».
- Norma del Carmen «N».
- Ericka «N».
- Orlando «N».
- Jorge Emanuel «N».
- Óscar «N».
- Alan Israel «N».
La Fiscalía los identifica como personal con funciones de capturistas dentro del presunto esquema.
Otros involucrados
La investigación también incluye a Diana Paola «N», servidora pública de la Secretaría del Bienestar y ex secretaria particular de Óscar «N»; Sabina «N», señalada como falsa docente y reclutadora; además de Jaime Noé «N», Eduardo «N», Erick Jonathan «N», José Ernesto «N» y Areli «N», quienes promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión libradas en su contra.
La carpeta también hace referencia a José Daniel «N», servidor público adscrito a la SECTI que fungía como enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Oficialía Mayor y que fue encontrado sin vida el pasado 2 de abril. La Fiscalía informó que ese fallecimiento continúa investigándose bajo el protocolo de homicidio.
Delitos imputados y posibles penas
La Fiscalía ejercitó acción penal por los delitos de fraude y abuso de autoridad, al considerar que los investigados simularon la contratación de docentes que nunca prestaron el servicio educativo, provocando un daño patrimonial al Gobierno del Estado de México.
Pero la trascendencia jurídica del caso va más allá.
El Ministerio Público sostiene que las conductas constituyen un concurso real homogéneo de delitos, figura prevista en el Código Penal que implica que cada alta irregular puede ser considerada un hecho delictivo independiente.
En términos prácticos, esto significa que las sanciones no necesariamente se limitarían a una sola pena por fraude o abuso de autoridad. Si durante el juicio el Poder Judicial concluye que existieron múltiples actos independientes, las condenas podrían acumularse por cada alta irregular acreditada, incrementando significativamente la responsabilidad penal de quienes resulten culpables.
El propio comunicado señala que las penas base por los delitos imputados podrían ubicarse entre 10 y 26 años de prisión, aunque la sanción definitiva dependerá de la resolución judicial y del número de hechos que finalmente se tengan por acreditados.
Lo que sigue
De los 33 investigados, 27 ya fueron vinculados a proceso y permanecen recluidos en el penal de Santiaguito, uno más espera la resolución de su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo para intentar frenar las órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el caso está lejos de concluir.
La propia Fiscalía advierte que el daño patrimonial podría aumentar conforme avance la investigación y se determine si la organización operó de manera continua desde 2021. Tampoco se descarta que aparezcan nuevos implicados conforme se analicen los miles de documentos y evidencias que integran la carpeta.
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El significado del caso
Más allá de las cifras y los nombres, este expediente coloca bajo escrutinio uno de los sistemas más sensibles de cualquier administración pública: el control de la nómina gubernamental.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que no se trató de actos aislados de corrupción, sino de una organización que habría logrado infiltrarse en distintos niveles de decisión para controlar el reclutamiento de personas, la creación de plazas, la validación administrativa, la dispersión de salarios y el retiro del dinero público.
Si esa hipótesis logra acreditarse durante el juicio, el Estado de México no solo estaría frente al mayor proceso penal relacionado con la administración de la nómina pública en su historia reciente. También marcaría un precedente en el combate a la corrupción al alcanzar, por primera vez, a una cadena completa de mando integrada por ex subsecretarios, directores generales, delegados administrativos, mandos medios, operadores técnicos y particulares presuntamente vinculados a un mismo esquema de desvío de recursos públicos.
La última palabra la tendrán los tribunales. Será el Poder Judicial quien determine, con base en las pruebas y bajo el principio de presunción de inocencia, la responsabilidad individual de cada uno de los imputados. Mientras tanto, el expediente ya ocupa un lugar central en la historia reciente del combate a la corrupción en el Estado de México.
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