2 de octubre, un recuento de la matanza en Tlatelolco
Por: Patricia Ramírez
Al día siguiente del 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco amaneció casi limpia. Aunque había desperdigados zapatos, papeles y pertenencias de los estudiantes, la sangre fue lavada por la lluvia y los cuerpos levantados por los soldados.
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Lo sucedido durante la tarde y noche del 2 de octubre es de conocimiento público. Ese día un par de bengalas se encendieron como señal para que hombres vestidos de civil con un guante blanco en la mano izquierda dispararan contra estudiantes reunidos en un mitin a punto de comenzar en la Plaza de las Tres Culturas.
A esto se añade la huida, los francotiradores, las columnas de soldados en las calles aledañas, la represión de los días pasados en las instituciones educativas; un movimiento de protesta que crecía y se fortalecía, y el inminente comienzo de las olimpiadas.
Esta acontecimiento construido con las piezas de un rompecabezas no termina de armarse a 53 años de la matanza de más de 300 personas.
Un México de impunidad se acuña
México estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. El presidente era Gustavo Díaz Ordaz, quien tenía un historial de represión y era heredero de un gobierno establecido en el poder desde 1929, el PNR, que desde su origen empezaría a acuñar acciones de corrupción e impunidad.
Dicen diversas crónicas periodísticas y algunos estudios sobre el 2 de octubre que Díaz Ordaz no temía en usar la fuerza pública para destruir cualquier manifestación calificada por él como “insurrección comunista”. Eran tiempos de la Guerra Sucia en México, entendida como la represión militar y política para disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado.
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Las justificaciones
Al día siguiente de los acontecimientos, el Secretario de la Defensa Nacional en turno, Marcelino García Barragán ––abuelo de Omar García Harfuch, vinculado a los hechos de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa y actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX–– dijo en rueda de prensa que la operación militar fue dirigida por el general Crisóforo Masón Pineda.
Sostuvo que había muertos y heridos, tanto militares como de los estudiantes, y que el Ejército uso armas reglamentarias y los estudiantes metralletas: “el comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio; México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando”.
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Este episodio de represión fue desarrollado por el grupo paramilitar batallón Olimpia, integrantes del Ejército y estuvo consentido por Díaz Ordaz, quien un año después ––en su informe de gobierno–– asumió la responsabilidad, personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno.
Defender el poder a toda costa
El artículo “Muertos, heridos y cientos de detenidos. Tlatelolco, 2 de octubre, 18:10 horas”, explica que al día siguiente, en un documento firmado por 30 legisladores de la Gran Comisión, el Senado de la República denunció “actos graves de agresión en contra de la policía y del Ejército mexicano mediante el empleo de armas modernas de alto poder, cuyo uso permite presumir fundamentalmente la participación de elementos nacionales y extranjeros que persiguen objetivos antimexicanos de extrema peligrosidad”.
Además, el Senado justificó “plenamente” la intervención de la fuerza pública en los sucesos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, “para proteger no solamente la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, sino, al mismo tiempo, la integridad de las instituciones del país”; y considera que la actuación del Ejecutivo Federal se ha apegado a la Constitución política del país y a las leyes vigentes, “que le señalan como deber el mantenimiento de la seguridad interna”.
La justificación de la represión y masacre de 1968 se construyó con todo el aparato de Estado, con un papel preponderante de las fuerzas armadas sin que, hasta ahora, exista una responsabilidad bien definida de los hechos.
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Eduardo Ruiz-Healy ––en una columna publicada en 2019 a propósito del 2 de octubre––menciona que muchos de los líderes del 68 se unieron luego al PRI. Entraron “porque el PRI era el mejor conducto para llegar al poder y hacer los negocios que desde el poder en México se pueden hacer”, y agrega: “entonces, hoy a los priistas o expriistas que inclinen la cabeza en memoria de los muertos de Tlatelolco, a todos les digo que son unos hipócritas”; se refiere asimismo a los militantes del PRD.
La aparente conquista de derechos
En 2018, el Senado de la República emitió el boletín de prensa “Movimiento del 68 sentó las bases para alcanzar las libertades que se gozan actualmente en el país”, el texto señala que este acontecimiento “despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades de gobierno y la población, para evitar hechos de violencia”.
Armando Guevara Ramos menciona en “Movimiento Estudiantil dio un impulso a la vida democrática del país que el movimiento estudiantil de 1968 representó un hecho sin precedentes en la historia reciente de México. Fue una protesta pacífica que cuestionó y se opuso al sistema en contra del autoritarismo gubernamental y que aglutinó a diversos sectores de la sociedad mexicana, principalmente de la clase media.
La trascendencia del movimiento, dice, es que se logró “restarle legitimidad y credibilidad al sistema autoritario de ese entonces, sino también creció el proceso democrático de México, al surgir con mayor fuerza los partidos políticos de oposición; se crearon más instituciones en el ámbito electoral; surgieron organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación independientes, con lo cual inició el camino de nuestra incipiente democracia mexicana”.
El ejército y la interminable impunidad
Tlatelolco no es el único caso en el que un crimen cometido por el ejército y ordenado desde el poder político queda impune porque, como en aquel momento, el aparato de Estado emprende una férrea defensa que apuesta al olvido.
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Dijo el académico Edgardo Buscaglia, en entrevista con Julio Astillero: “el ejército mexicano es intocable y cogobierna con las autoridades, lo cual garantiza la impunidad y atenta contra la democracia incipiente en el país”.
Medio siglo después
El Comité 68 ProLibertades Democráticas, en el contexto de la fecha, se ha pronunciado por la creación de una fiscalía especial que lleve a cabo “las investigaciones judiciales necesarias para establecer las responsabilidades penales a cargo de los gobernantes que han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de México”.
