Toluca, México; 27 de julio de 2018. El gobierno del Estado de México transformará el adeudo público en bonos de deuda que colocarán en la Bolsa Mexicana de Valores, después que la Legislatura estatal avalara ayer la Ley de Refinanciamiento. Lo anterior significa que cualquier mexicano podrá comprar esas acciones en el mercado bursátil del país.
La nueva legislación deroga el anterior Fideicomiso Maestro F/00105, que era un contrato de crédito simple entre el gobierno del Estado de México y las bancas comerciales, mediante el cual se administraban los pasivos de las administraciones estatales.
La bancada del PRI justificó la nueva legislación por la descompensación en el pago de los adeudos del gobierno mexiquense con las instituciones crediticias, monto que asciende a 5 mil millones de pesos al año, según el diputado priista Diego Eric Moreno Valle; no obstante, otras versiones indican que la cantidad es de 10 mil millones de pesos por concepto de intereses y amortizaciones.
Debido a la necesidad de Del Mazo de obtener dinero líquido para el funcionamiento de la administración y para la inversión en desarrollo social, la ley aprobada faculta a la Secretaría de Finanzas estatal, a través del titular, Rodrigo Jarque Lira, para “la emisión de valores y la colocación de éstos a través del mercado bursátil”, lo que significa emisión de bonos de deuda y su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los valores son ofertas públicas de acciones que una compañía o, en este caso, un gobierno, emite para cambiarlas por dinero. Estos bonos de deuda los adquiere un tercero, ya sea persona física o moral, porque generan rendimiento debido a que son empleados en inversiones de bajo riesgo.
La legislación establece “la emisión de valores y la colocación de éstos a través del mercado bursátil, los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. En ambos casos, los financiamientos bancarios y/o bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro del territorio nacional, por un plazo de hasta 30 años”.
El gobierno mexiquense trata con esta ley de congelar las tasas de interés y extender el plazo de vencimiento de los pagos con los acreedores como medida para hacer más eficaces los pagos de los adeudos con las bancas crediticias mexicanas y extranjeras.
No obstante, en caso de que los bonos de deuda no generen los rendimientos deseados para quienes adquieran acciones de deuda mexiquense, el Estado de México dejó en garantía “el 100 % de los derechos a recibir participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, incluyendo los flujos de efectivo que deriven del mismo, así como cualquier otro derecho e ingreso que los modifique o sustituya”, sin contar el monto destinado a los municipios.
El Fondo General de Participaciones es uno de los rubros en los que se dividen las Participaciones a Entidades Federativas o Ramo 28, que son los recursos asignados a estados y municipios en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal (LFC) y los convenios de adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Para este año el Estado de México obtuvo 81 mil 864 millones 800 mil pesos por concepto de Fondo General de Participaciones, de un total de 190 mil 630 millones 800 mil pesos. Esto representa que el 42.94 por ciento del presupuesto total federal destinado a la entidad fue hipotecado.
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