A mediados de marzo, fueron reaprehendidos los siete militares involucrados en la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, al sur del Estado de México, en 2014. A estas siete personas las liberaron entre 2015 y 2016 debido a falta de pruebas de la ex Procuraduría General de la República (PGR).
El periódico El Universal señala que la Policía Judicial Militar ingresó a los elementos a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, pero cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, aunque acuden diariamente a pasar lista. Solo tres militares reaprehendidos continúan presos en el Campo Militar.
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Fue el 30 de junio de 2014 cuando 22 personas fueron asesinadas en una bodega en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México.
Y aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que la matanza fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo delictivo y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, así como el testimonio de Clara Gómez González, sobreviviente de la matanza y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revelaron que un número indeterminado de esas muertes (12 – 15, aproximadamente) se derivaron de ejecuciones cometidas cuando las personas atacadas ya se habían rendido; también señalaron que se alteró la escena del crimen con el fin de encubrir a los responsables, y que se torturó a las sobrevivientes para que no dieran a conocer los sucesos.
La entonces PGR comenzó y consignó la averiguación previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que siete militares resultaron acusados por el homicidio de ocho civiles y por un encubrimiento.
Sin embargo, debido a que la Procuraduría no dio pruebas contundentes que precisaran la identidad de los militares involucrados, estos fueron puestos en libertad con reservas de ley del Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, aunque se consideró probado que existieron ejecuciones arbitrarias.
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