Toluca, México; 12 de enero de 2018. El 2017 fue el año más violento en el país en materia de comisión de homicidios a nivel nacional, al haber registrado 41 mil 217 en todo el país, tanto dolosos como culposos. La tendencia del año pasado parece extenderse al presente, y la violencia ya alcanzó a la clase política mexiquense, en un año de efervescencia por las elecciones del próximo 1 de julio.
La semana pasada, cuatro incidentes dejaron claro que el Estado de México vive una crisis de inseguridad enorme que la administración no logra erradicar, ni siquiera hacerle medianamente frente.
La noche del sábado 3 de febrero fue asesinado en la colonia 2 de Abril de Atlacomulco Maximino Montiel Peña, quien era tío en tercer grado del presidente de México, y primo hermano del ex gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas. El occiso no tenía los reflectores de sus familiares, pues se mantenía ajeno a los vaivenes políticos locales, y más bien era un pendenciero a quien le gustaba el juego, pues lo mataron cuando salía de un palenque de ese municipio. Su muerte fue relevante sólo por la cercanía sanguínea con Peña.
Pero ese mismo día, en Cuautitlán Izcalli, fue baleado el ex diputado federal y precandidato por el PRI a la alcaldía ese municipio, Francisco Rojas San Román, cuando en compañía de su cuñada, Eugenia Cano Romero, arribaban al domicilio del político en la colonia San Lorenzo Río Tenco. San Román logró sobrevivir y lo trasladaron, junto con Cano Romero, al Hospital San Rafael; sin embargo, murió al ser trasladado a otro nosocomio la mañana del 6 de febrero.
Luego, la madrugada del 5 de febrero un comando asesinó a los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñoz García, después de que ellos asistieran a una narcofiesta en la localidad de Juliantla del municipio de Taxco de Alarcón, evento por el que el gobierno de ese municipio pudo haber incurrido en infracciones por falta de seguridad y por permitir el baile, que fue amenizado por el grupo Bronco.
Los cuerpos de Añorve Jaimes y Muñoz García fueron localizados por las autoridades sobre la carretera Taxco-Tehuilotepec, dentro de una camioneta Hilux Toyota junto con otros cuatro acompañantes, dos hombres y dos mujeres, quienes fueron trasladados a nosocomios cercanos.
La zona sur del Estado de México es una zona que se disputan varios grupos del crimen organizado, por ser una región de paso para el transporte de las drogas producidas en la sierra de Guerrero y que tienen como destino el mercado de la capital del país y el de los Estados Unidos.
Ante la demanda de los representantes de Morena ante la Junta Local del INE por la inseguridad en el sur mexiquense, el secretario de Gobierno del Estado de México informó el 8 de febrero que por sus características esa zona tiene problemas de seguridad, pero que estas no afectarán el proceso electoral de este año. Informó también que “No se requiere tomar medidas más serias [de seguridad a precandidatos] porque es un evento que [el asesinato de San Román] […] no indica nada que haya sido de carácter político electoral”.
Pero Ozuna no dimensionó la magnitud del problema de inseguridad mexiquense, y un día después el dirigente del Partido Encuentro Social en el Estado de México y precandidato a la alcaldía de Valle de Chalco, uno de los catorce municipios mexiquenses en donde presuntamente opera el Cartel Jalisco Nueva Generación, fue emboscado por un comando y baleado en la localidad de Santa Catarina Ayotzingo.
Vicente Onofre salió de su domicilio a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee cuando hombres que viajaban en un automóvil Shadow vino y una Caribe blanca le cerraron el paso y abrieron fuego contra él. La Fiscalía mexiquense deberá determinar si hay una relación de esta agresión con la perpetrada contra Guillermo Romero Pozas el 30 de marzo del 2017, doceavo regidor de Chalco, quien es hijo de María Pozas Parrado e hijastro de Vicente Onofre.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el Estado de México es una de las entidades más inseguras del país.
De enero a diciembre del 2017, se registraron en la entidad 3 mil 57 homicidios, 2 mil 41 dolosos y mil 16 culposos; mientras que en la incidencia delictiva, el Estado de México encabeza la lista en el mismo periodo de tiempo, pues se iniciaron investigaciones por la comisión de 291 mil 3 delitos en la entidad.
Sin embargo, el gobierno mexiquense ha dicho que los índices de inseguridad en la entidad han disminuido. En diciembre pasado, durante la inauguración del Parque Ehécatl, Del Mazo indicó que los índices de secuestro, extorsión y robo disminuyeron un 17 por ciento durante sus tres primeros meses de gobierno.
La realidad indica una cosa y el discurso del gobierno otra. En este clima de incertidumbre política, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe dar resultados ya y esclarecer los dos asesinatos, el intento de homicidio de Onofre y el incidente en Guerrero, pues el grupo armado que asesinó a los sacerdotes se refugiaron en el municipio de Ixtapan de la Sal.
Síguenos