Reforma convirtió este domingo en su principal noticia una acusación contra la gobernadora Delfina Gómez. Según el diario, su administración entregó a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el control de la nómina, las plazas y los ascensos de más de 100 mil trabajadores, a cambio de operar electoralmente para Morena en 2024.
Investigar al gobierno no sólo es legítimo, sino indispensable. El problema comienza cuando una sospecha se publica como un hecho consumado.
La nota no muestra un convenio, una instrucción firmada por la gobernadora, una transferencia de facultades, una auditoría, una denuncia formal ni un registro financiero que compruebe la entrega de 46 mil millones de pesos al sindicato. Tampoco presenta testimonios con nombre y apellido.
La acusación descansa en fuentes anónimas, en la presencia de cuadros sindicales dentro de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y en un documento denominado “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul”, atribuido a la Sección 36.
El documento no se publica completo. No se explica quién lo elaboró, cómo llegó al periódico ni si su autenticidad fue confirmada. Tampoco se demuestra que la estrategia haya sido ejecutada o conocida por la gobernadora.
Hay, sin duda, elementos que merecen investigarse.
La Sección 36 mantiene desde hace años una presencia importante dentro del subsistema educativo federalizado del Valle de México. Magdaleno Reyes Ángeles, director general de los SEIEM desde septiembre de 2023, tiene antecedentes sindicales. Rigoberto Vargas Cervantes pasó de encabezar la sección a convertirse en diputado local de Morena. Mónica Granillo Velazco también ha combinado la dirigencia sindical con su participación política.
Es pertinente conocer cuántos maestros sindicalizados ocupan puestos administrativos en los SEIEM, quién los nombró, qué facultades ejercen y si participan en la asignación de plazas, ascensos o movimientos de personal.
Puede existir una captura sindical del organismo. También puede haber una relación clientelar entre el SNTE y Morena. Ambas posibilidades deben investigarse. Pero ninguna demuestra, por sí misma, que Delfina Gómez haya entregado 46 mil millones de pesos a cambio de votos.
Entre la sospecha y la acusación hay una distancia que sólo puede cubrirse con pruebas. Reforma decidió saltársela.
El sindicato no recibe 46 mil millones
La cifra utilizada en la portada también requiere precisión.
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo no son una bolsa de dinero que la gobernadora pueda entregar discrecionalmente al sindicato.
La Secretaría de Educación Pública valida las solicitudes de pago mediante el Sistema de Administración de la Nómina Educativa. Los salarios se cubren por cuenta y orden de las autoridades educativas estatales, después de verificar que las plazas y los conceptos estén registrados.
La Auditoría Superior de la Federación informó que el Estado de México recibió en 2024 alrededor de 51 mil 544 millones de pesos del FONE. Revisó 99 por ciento de esos recursos y formuló observaciones administrativas y fiscales. No documentó que la Sección 36 hubiera recibido el fondo ni que dispusiera directamente del dinero.
El sindicato podría influir en movimientos de personal, promociones o propuestas que después son procesadas administrativamente. Eso sería grave y tendría que sancionarse. Pero no es lo mismo que administrar 46 mil millones de pesos.
La publicación mezcla el presupuesto del FONE, las facultades de los SEIEM y la influencia política del sindicato. Al juntarlos, construye una conclusión que sus propios datos no alcanzan a demostrar.
Un documento no basta
El llamado “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul” puede ser un indicio de que dentro de la estructura sindical se diseñó una estrategia electoral. No prueba que Delfina Gómez la haya ordenado, conocido o premiado.
Para sostener el intercambio denunciado tendría que comprobarse la autenticidad del documento, identificarse a sus autores, demostrarse su aplicación y acreditar alguna decisión del gobierno como pago por los servicios electorales.
Nada de eso aparece en la nota.
Se afirma que el magisterio operó para Morena, pero no se muestran instrucciones, comunicaciones internas, testimonios identificados, recursos utilizados ni actividades concretas realizadas durante la campaña.
Tampoco la victoria electoral de Morena demuestra la existencia del acuerdo. Un resultado electoral puede coincidir con una hipótesis, pero no la convierte automáticamente en verdad.
Delfina debe responder
La debilidad de la publicación no exime al gobierno mexiquense de rendir cuentas.
Delfina Gómez debe transparentar los nombramientos dentro de los SEIEM, las relaciones de sus directivos con la Sección 36 y los procedimientos mediante los cuales se asignan plazas, promociones y cargos administrativos.
Su gobierno también debe informar si conocía el “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul”, si investigó su posible aplicación y si servidores públicos utilizaron su cargo para promover electoralmente a Morena.
La oposición tiene instrumentos para actuar. Puede solicitar auditorías, presentar denuncias, exigir comparecencias y pedir información pública. Lo que no debería hacer es dar por comprobado aquello que todavía no ha demostrado.
Una ofensiva con dirección política
La publicación aparece inmediatamente después de la ofensiva contra Andrés Manuel López Beltrán por la cancelación de su visa estadounidense. Reforma llevó también ese asunto a su portada, aunque el gobierno de Estados Unidos no hizo públicas las razones de la medida ni presentó alguna acusación penal contra el hijo del expresidente.
En ambos casos se repite el mecanismo. Una decisión opaca se convierte en indicio; el indicio, en sospecha; la sospecha, en culpabilidad.
Reforma es desde hace décadas el periódico de referencia del conservadurismo mexicano. Su posición política es legítima y no invalida por sí misma sus investigaciones. Pero sí obliga a distinguir entre información, inferencia y propaganda.
La denuncia contra el gobierno mexiquense plantea preguntas que deben responderse. Revela relaciones sindicales y políticas que merecen una revisión profunda. Lo que no aporta es una sola prueba concluyente de que Delfina Gómez haya entregado al SNTE el control de 46 mil millones de pesos a cambio de votos.
El periodismo puede comenzar con una sospecha. Lo que no debe hacer es convertirla en sentencia.
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