La presidenta Claudia Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano temporal encabezado por Pablo Gómez que coordinará un amplio proceso de consulta para proponer cambios al sistema electoral mexicano.
El decreto establece que la comisión tendrá un plazo máximo de 10 días para quedar formalmente instalada y que en octubre de 2025 iniciará foros, audiencias públicas y consultas —presenciales y en línea— en distintas ciudades del país. Las conclusiones serán entregadas a la Presidencia en enero de 2026.
¿Quiénes participan?
La convocatoria está abierta a organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, legisladores, consejeros del INE a título personal, comunidades indígenas, académicos, especialistas y ciudadanía en general. Según Sheinbaum, el objetivo es garantizar que todas las voces sean escuchadas, sin restricciones.
Propósito de la Comisión
El órgano discutirá y elaborará propuestas en torno a 14 temas clave: financiamiento y fiscalización de partidos, sistema de votación (incluido el voto electrónico), representación proporcional en el Congreso, regulación de la propaganda gubernamental, consultas populares, revocación de mandato y libertades políticas, entre otros.
Próximas fechas
- Octubre 2025: Inicio de consultas y foros en todo el país.
- Enero 2026: Presentación de resultados y propuestas a la Presidencia.
Sheinbaum afirmó que no habrá recursos extraordinarios para la operación y que, cuando sea necesario, se pedirá apoyo logístico a gobiernos estatales y municipales. “Lo que queremos es que nunca más regrese un fraude electoral”, dijo.
Gómez, por su parte, subrayó que el sistema de partidos y la organización de las autoridades electorales “no han cambiado en décadas” y que es momento de alinearlos con la realidad política actual del país.
Qué es la Reforma Electoral
La reforma electoral en México busca modificar las reglas bajo las cuales se organizan las elecciones, operan los partidos políticos y funciona la autoridad electoral. El gobierno federal, plantea reducir el presupuesto destinado a los órganos electorales, modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), y ajustar la forma en que se eligen y fiscalizan consejeros y magistrados.
Sus defensores argumentan que es necesaria para recortar gastos y fortalecer la democracia directa; sus críticos, en cambio, alertan sobre el riesgo de debilitar la autonomía de las instituciones que han garantizado procesos electorales competidos y transparentes en las últimas décadas.
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