En Nicolás Romero encontraron restos humanos de diez personas dentro de pozos. La investigación de aquellos crímenes condujo a un descubrimiento que rebasaba los homicidios: policías municipales habían participado en los hechos. Al seguir otras pistas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó vínculos entre organizaciones delictivas, corporaciones de seguridad y administraciones municipales. El crimen no solamente había conseguido protección de las autoridades. En algunos casos, las propias autoridades cometían los delitos.
Aquella investigación fue el punto de partida de la Operación «Enjambre», desplegada por primera vez el 22 de noviembre de 2024. La intervención federal y estatal alcanzó a presidentes municipales, integrantes de cabildos, directores de seguridad, comisarios y policías. Las detenciones mostraron hasta qué punto la delincuencia había penetrado estructuras del gobierno local.
Dos años después, el balance judicial permite conocer una parte de esa trama. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el 9 de octubre de 2026 que 27 personas habían recibido condenas que, sumadas, alcanzaban 1,208 años y diez meses de prisión.
Entre los sentenciados aparecen una expresidenta municipal condenada por homicidio de integrantes de su administración, un excomisario con dos penas que suman 190 años, otro condenado por desaparición forzada y extorsión, policías responsables de asesinatos y funcionarios involucrados en secuestros.

Los pozos de Nicolás Romero
La investigación de los diez homicidios permitió establecer la participación de integrantes de la policía municipal. Los hallazgos se relacionaron con otros expedientes por delitos de alto impacto y llevaron a los investigadores a identificar mecanismos de protección criminal dentro de diversas instituciones.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, recibió el 29 de enero de 2026 una sentencia de 40 años por homicidio. El 22 de abril fue condenado a otros 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión. El antiguo mando acumuló así dos sentencias por delitos de extrema gravedad.
Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal, fue condenado a 47 años y seis meses por homicidio. Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, conocido como «El Matón», recibió 62 años y seis meses por secuestro exprés.

Otros siete integrantes de la policía de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y seis meses cada uno por homicidio calificado: Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.
La dimensión del caso reside tanto en la gravedad de los delitos como en la condición de sus responsables. Eran integrantes de una institución facultada para detener personas, utilizar la fuerza y preservar el orden público. La confianza depositada en un policía descansa en una premisa elemental: que la fuerza del Estado se ejerce para proteger a la población.
La alcaldesa condenada por homicidio
En Amanalco, la Operación «Enjambre» alcanzó directamente a quien había encabezado el gobierno municipal. María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal, fue sentenciada el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión por homicidio en agravio de integrantes de su propia administración.

La responsabilidad penal alcanzó a una antigua titular del Ejecutivo municipal, quien había ejercido la máxima autoridad administrativa y política del ayuntamiento. Las víctimas pertenecían a la estructura
gubernamental que ella misma había encabezado. La sentencia acredita su responsabilidad en los hechos juzgados; establecer otras posibles complicidades exige pruebas adicionales.
Los mandos que extorsionaban y secuestraban
En Acambay, Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública, recibió dos condenas. La primera, de 68 años y seis meses, fue dictada el 27 de octubre de 2025 por desaparición forzada de personas. La segunda, de 47 años y seis meses, llegó el 21 de noviembre del mismo año por extorsión.
En Tlatlaya, Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública, fue sentenciado a 50 años por secuestro exprés con fines de robo. Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, recibió 40 años por extorsión. En Naucalpan, Omar Leyva Montalvo, antiguo subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad, fue condenado también a 40 años por extorsión.
En estos casos, la condición de servidor público no constituye un detalle biográfico. Los condenados habían ejercido responsabilidades dentro de instituciones encargadas de prevenir y combatir conductas como aquellas por las que terminaron sentenciados.

Una red extendida por el territorio
En Ecatepec, Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos expolicías municipales, fueron condenados el 14 de abril de 2026 a 47 años cada uno por homicidio. En Tonatico, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, quien había sido presidente honorífico del DIF municipal, recibió 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.
En Santo Tomás, Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal, fue sentenciado a 60 años por secuestro. Edgar Jiménez Ramos, antiguo servidor público del ayuntamiento, recibió una condena de un año por evasión.

El balance incluye asimismo sentencias contra Ángel Díaz Zarco, Martín Santana Martínez, Litzy Mariana Domínguez Vilchis, María Raquel Rubio Rodríguez, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua por delitos que comprenden evasión, abuso de autoridad, robo con violencia y daño en bienes.
No todos los procedimientos corresponden a los mismos hechos ni todas las personas condenadas desempeñaban cargos públicos. «Enjambre» reúne investigaciones distintas desarrolladas bajo una estrategia de coordinación institucional. Lo que las vincula es la persecución de delitos relacionados con las investigaciones emprendidas contra funcionarios y particulares.
El Estado frente a sus propios funcionarios
El primer despliegue de «Enjambre» reunió a la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad estatal.
La coordinación respondió a la naturaleza del problema: las investigaciones habían identificado relaciones entre organizaciones delictivas y funcionarios que ocupaban posiciones dentro de los gobiernos municipales. Para combatir esas redes no bastaba con detener a los delincuentes que actuaban en las calles. Era necesario investigar a quienes, desde las instituciones, podían facilitar sus actividades, brindarles protección o participar directamente en ellas.

Las condenas son un resultado judicial relevante, pero no resuelven por completo qué ocurrió con las estructuras administrativas y policiacas en las que actuaban los responsables. Una sentencia castiga una conducta probada. La recuperación de una institución exige además revisar mandos, controles, procedimientos de vigilancia y condiciones que permitieron la comisión de los delitos.
La captura del poder municipal
El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población. Sus autoridades administran servicios públicos, ejercen recursos presupuestarios, regulan actividades locales y dirigen corporaciones de
seguridad preventiva. Esa proximidad convierte al ayuntamiento en una institución decisiva para la vida cotidiana y también en un objetivo para organizaciones delictivas interesadas en controlar territorios o actividades económicas.
La infiltración criminal no requiere necesariamente que todos los integrantes de un gobierno participen en una organización. Puede operar mediante funcionarios colocados en posiciones estratégicas, mandos que toleran actividades ilícitas o agentes que proporcionan información y protección.

La infiltración criminal no requiere necesariamente que todos los integrantes de un gobierno participen en una organización./ Foto: Archivo AD Noticias
En los casos documentados por «Enjambre», las investigaciones oficiales identificaron redes de esa naturaleza. Las condenas posteriores acreditaron responsabilidades individuales por delitos específicos. La investigación de la infiltración institucional y las resoluciones judiciales deben distinguirse: una explica las relaciones de poder; las otras establecen quién cometió conductas delictivas.
Los expedientes siguen abiertos
La Operación «Enjambre» no concluyó con las primeras detenciones ni con las sentencias dictadas hasta octubre de 2026. La Fiscalía informó que continúa integrando investigaciones contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores, cuyos expedientes podrán judicializarse cuando existan elementos suficientes.
La continuidad de las pesquisas mantiene abierta la posibilidad de nuevas responsabilidades penales, aunque no permite anticipar quiénes serán investigados o acusados. A dos años del inicio de la operación, quedan por establecer el alcance de las redes de protección, la participación de otros funcionarios y las medidas adoptadas para impedir que esas relaciones se reproduzcan.

La experiencia adquiere relevancia ante las elecciones municipales de 2027. Los partidos volverán a presentar candidatos para gobernar los 125 municipios mexiquenses. La selección de aspirantes, la fiscalización de campañas y los controles sobre las autoridades electas forman parte de la prevención de nuevas formas de infiltración criminal.
Dos años después
La historia comenzó con diez víctimas cuyos restos fueron encontrados en pozos de Nicolás Romero. La investigación de sus homicidios abrió el camino hacia una trama de complicidades que alcanzó corporaciones policiacas y gobiernos municipales.
Dos años después, hay una expresidenta municipal condenada por homicidio, comisarios sentenciados por secuestro y extorsión, un antiguo mando policial condenado por desaparición forzada y agentes responsables de asesinatos. Las 27 personas condenadas representan un resultado concreto de la persecución penal.
La operación ha demostrado que la responsabilidad penal puede alcanzar a quienes ejercieron autoridad municipal, incluso cuando ocuparon posiciones de mando o encabezaron gobiernos. Queda una tarea de mayor alcance: garantizar que las instituciones recuperen plenamente su capacidad de proteger a la población y que las redes criminales no encuentren nuevos funcionarios dispuestos a servirles.
«Enjambre» ha llevado a prisión a responsables de aquella violencia. La medida definitiva de su éxito estará en la capacidad del Estado para impedir que el crimen vuelva a ejercer poder desde sus propias instituciones.
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