Transporte y delincuencia coctel molotov
El problema de la inseguridad es un problema estructural, no es sólo un fenómeno de coyuntura. Trae aparejadas otras variables que eslabonadas dan como resultado lo que muchos de los ciudadanos conocemos y hemos padecido: asaltos violentos y robos “sin violencia” –como si un robo no fuera ya una forma de violencia, de demostrar poder frente al otro-, percepción social de temor y muy en el fondo y la arraigada corrupción que teje una cadena aparte.
Transporte y delincuencia parecen ser un gran negocio; y también parece que no se distingue dónde empieza uno y dónde termina el otro. Pero lo especialmente crítico es cuando ambos confluyen.
Decir transporte en el territorio estatal es imaginar una gran ínsula, cuasi monopólica, que tiene un apetitoso botín ganado por unos cuantos concesionarios y que tiene una importante facción de poder en Atlacomulco, con apellidos como Alcántara, Cárdenas o Montiel.
En los últimos días, una ola de asaltos suscitados casi cada tercer día padecieron estudiantes, trabajadores y ciudadanos comunes, a bordo de autobuses del transporte público y privado en la zona al norte de la ciudad, conocida como “Tres Caminos”. Sistemáticamente fueron asaltados de manera violenta y algunos fueron golpeados o recibieron descargas eléctricas por parte de los ladrones, por ocultar o resistirse a entregar sus pertenencias.
Los asaltos ocurrieron mayoritariamente en la única línea de transporte que circula hacia Ixtlahuaca, y dado que el usuario no tiene otra opción de trasladarse debe hacer uso de sus autobuses con una ganancia estratosférica. Simplemente calcule el traslado de casi ocho mil alumnos que se trasladan a una Universidad privada en ese municipio; a los que se suman otros miles más que acuden a otras instituciones educativas, laborales y otros destinos de carácter comercial.
Para que “unos cuantos asaltos” no afecten la economía de la empresa, debe ser muy amplio el margen de ganancia.
Además del hecho mismo, el análisis nos lleva a dos cuestiones estructurales de fondo: la ausencia de políticas y acciones efectivas y eficaces para prevenir el delito por parte de las policías preventivas del estado y del municipio de Toluca y su consecuencia inmediata, un deslumbrante falta de imaginación y acción de la autoridad responsable constitucionalmente de investigar el delito, detener a los presuntos responsables y lograr que sean sometidos al imperio de la ley.
La otra cuestión, alimenta el clima de inseguridad: el fenómeno de la corrupción en el transporte que se traduce en el beneficio de unas cuantas organizaciones monopólicas, donde los apellidos Alcántara o Cárdenas evocan los privilegios de un grupo político, que amparado en sus filias con la Oficina de los Pinos, detentan un poder omnímodo en diversas zonas de la entidad, principalmente en el norte donde tiene sus asientos en grupo Atlacomulco.
Las líneas camioneras que desplazan corridas hacia Ixtlahuaca, Atlacomulco, Acambay y anexas, han pertenecido y pertenecen a estos grupos o camarillas de forma sempiterna, y son reflejo del cinismo con el que la autoridad llega a reconocer los históricos “favores recibidos”, sobre todo en tiempo electoral.
La línea denominada “Mensajero” -vinculada al ahora flamante subsecretario de la SEDATU, Gustavo Cárdenas- ha resultado la más afectada por la ola de asaltos suscitados a bordo del transporte, con la suspicacia de que en algunos de los eventos presumiblemente pudieran estar coludidos algunos de los choferes de la empresa, como comentaron a Alfa Diario algunas víctimas de los atracos que han azotado en las últimas dos semanas, a la salida norte de la ciudad de Toluca.
La empresa no ha emitido ningún pronunciamiento; sospechosamente tampoco ha apoyado a las víctimas para que presenten denuncias; ni siquiera los propios choferes que han perdido los recursos generados en los traslados han presentado denuncias por los eventos.
La lucha por el poder en la zona norte del estado, es también una lucha económica donde diversos intereses colisionan: servicios concesionados de transporte, educación y salud, en los que participan algunos miembros de la “clase política estatal”, no sería extraña una guerra sucia para acabar con los adversarios y, a fin de cuentas, obtener el apetitoso botín económico, que representa proporcionar servicios a una significativa demanda social.
¿Cómo desligar el tema de la inseguridad del tema del transporte? Y ¿cómo desligar la lucha del poder político de la búsqueda del poder económico? Sería algo difícil de establecer en la zona norte de la entidad, donde se asienta un poder oculto que volverá por sus fueros, luego de la derrota que implicó la gubernatura de Eruviel Ávila.
CODA. Cuándo la Procuraduría General de Justicia anuncia en redes sociales que una persona desaparecida fue “localizada”, especialmente los menores cuya búsqueda es promocionada a través de la “Alenta Ámber”… perdón: Alerta Ámber, ello significa que:
Decidió presentarse voluntariamente en su núcleo familiar voluntariamente.
Fue localizada por serendipity.
Su restos fueron hallados en las instalaciones del servicios médico forense.
Fue localizada por sus familiares
Ninguna de las anteriores
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