La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) es un organismo público autónomo, orientado a la promoción de la cultura de los derechos humanos, a prevenir y atender violaciones a los mismos. Es un órgano vital para la protección de esos derechos y la defensa de grupos vulnerables.
En estos momentos la Legislatura lleva un procedimiento de selección de las y los aspirantes a la titularidad de la Codhem, en medio de un debate sobre el perfil que se requiere para encabezar esa institución.
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Sin embargo, en los últimos años la comisión fue disminuyendo el número de recomendaciones, es decir, las resoluciones por violaciones a los derechos humanos, pues fueron ocho en 2018, y otro número idéntico en 2019; seis en 2020 y en lo que va del año suman siete. Antes, en 2017 fueron 35, en 2016 la Codhem emitió 30, en 2015 sumaron 32 y en 2014 registraron 24.
Esos documentos han sido dirigidos a diferentes autoridades, entre ellas: a municipios por el uso desproporcionado de la fuerza pública, a la Fiscalía General de Justicia, a Centros de Prevención y Readaptación Social, a instituciones de salud como: el Instituto de Salud del Estado de México y al ISSEMYM, entre otros.
Antes de diciembre de 1997, cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no existía una instancia encargada de la protección, observancia, respeto, garantía, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos.
La única manera de proceder en contra de las personas encargadas del servicio público que se excedían en sus facultades, eran omisas, negligentes o incurrían en faltas, era a través de las vías administrativa o penal, pero la primera casi siempre se desahogaba en privado.
Facultades
Con su nacimiento y al paso del tiempo le otorgaron 35 facultades a la Codhem, entre las cuales destacan: conocer quejas o iniciar investigaciones de oficio, sobre presuntas violaciones a derechos humanos, cometidos en el servicio público; solicitar a las autoridades o servidores competentes, las medidas precautorias o cautelares que estimen necesarias.
También requerir informes a la autoridad por posibles violaciones a los derechos humanos; procurar la mediación o la conciliación entre las partes, cuando la naturaleza del caso lo permita; proporcionar orientación y asesoría jurídica a quien lo solicite; emitir pronunciamientos, recomendaciones y criterios de carácter general, para mejorar la protección de los derechos humanos.
Otras son: realizar visitas y otras acciones para procurar el respeto a los DDHH, promover los derechos de las y los menores conforme a la legislación nacional y tratados internacionales que ha firmado México; vigilar el debido respeto a los DDHH en el sistema penitenciario; promover y fomentar la educación y cultura del reconocimiento y respeto de los derechos humanos, entre otras.
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Fuerza moral
En estos 24 años de vida se ha discutido la falta de “dientes” de la Comisión para hacer cumplir sus funciones y la posibilidad de exhibir a quien no acepta o cumpla las recomendaciones que emite, pues no puede ir más allá; necesita esperar que la instancia pública acepte el documento y cumpla al pie de la letra las recomendaciones.
No obstante, en general su trabajo ha permitido identificar a quien viola derechos humanos, hacer públicas diversas violaciones, llamados de atención a problemas graves como los feminicidios, la violencia contra la mujer, acompañar casos e impulsar la aplicación de leyes, entre otros.
Antes de 1997 no se reconocían como actualmente los derechos humanos, ahora van hasta una cuarta y quinta generación.
Complejidad
En la entidad mexiquense, la Codhem es una institución prioritaria, pues el estado enfrenta problemas importantes por el tamaño de su población con 16.9 millones de habitantes, además de 30 mil personas privadas de su libertad, 19 penales, 341 mil delitos denunciados formalmente al año, 64 mil 563 personas detenidas en flagrancia tan sólo en 2020.
Además, con cifras del año anterior, se giraron 4 mil 608 órdenes de aprehensión, hubo 10 mil personas vinculadas a proceso y 5 mil 240 sentencias anuales en el Poder Judicial.
En el sector educativo hay más de 4 millones de estudiantes, más de 20 mil escuelas, 40 mil docentes; además del sector salud, el cruce de migrantes, la población indígena, los delitos de género, la comunidad LGBTTIQ+, personas con alguna discapacidad, periodistas, entre otros sectores que resultan vulnerables a la violación de derechos y necesitan una instancia pública, ajena al gobierno, que defienda sus DDHH.