Toluca, México; 4 de mayo de 2019. A ciertos lugares de México la justicia suele llegar tarde o, a veces, incluso, no llega; San Salvador Atenco es uno de esos sitios, es el lugar en el que hace 13 años algunos habitantes fueron víctimas de un operativo de desalojo violento, tan violento, que derivó en graves violaciones a los derechos humanos.
La historia de los hechos de San Salvador Atenco es larga, comenzó hace 18 años, cuando se llevó a cabo la expropiación –mediante decretos publicados el 22 de octubre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación– de cinco mil 384 hectáreas de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los ejidatarios de San Salvador buscaron la manera de defender sus tierras, se conformaron como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) -cuya fuerza y resistencia consolidaron una estructura de relevancia nacional-, interpusieron amparos e hicieron movilizaciones y solicitudes para eliminar los decretos de expropiación; intentaron acercamientos e, incluso, se establecieron algunas mesas de diálogo.
Sin embargo, las resistencias que algunos pueblos en México libran para que sus recursos no sean modificados o para que se respeten sus derechos son largas y tienen elementos en común: la represión, la criminalización de la participación, el desprestigio mediático, el establecimiento de grandes operativos para la detención y encarcelamiento y la violación de los derechos humanos.
Las marchas que en un inicio hicieron los ejidatarios de San Salvador fueron detenidas; es conocida la del 14 de noviembre de 2001, que tenía el objetivo de llegar al centro de la ciudad de México, así como la del 11 de julio de 2002, en Teotihuacán, en la que los ejidatarios buscaban un acercamiento con Arturo Montiel Rojas, entonces gobernador del Estado de México y donde fueron detenidos Ignacio del Valle y Adán Espinosa, considerados líderes del movimiento.
entonces, la búsqueda de opciones y disposiciones legales se había movido en paralelo con la organización y acercamiento a otros movimientos sociales, los ejidatarios se habían declarado adherentes a La Otra Campaña, una iniciativa política independiente partidaria de la participación popular impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El 3 de mayo de 2006, como en ciertos lugares de México, la violencia fue disfrazada de un operativo de reubicación de vendedores de flores; las autoridades decidieron enfrentar la evidente politización del movimiento que, ya con Enrique Peña como gobernador, había sido mediáticamente satanizado y reprobado por considerarlo opositor a un proceso civilizatorio y fuera de las normas jurídicas establecidas por el gobierno.
“Nosotros estábamos apoyando a nuestros compañeros floristas cuando la policía estatal y la PFP nos arremetió golpeándonos, nosotros no buscamos la violencia, buscábamos un dialogo con el gobierno y ellos no aceptaron, no quisieron reunirse con nosotros, la única respuesta que tuvimos de ellos fue el asesinar a un joven de 14 años llamado Javier Cortes Santiago de Acuexcomac el cual iba pasando después de la escuela”: documento de prensa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra emitió el 3 de mayo.
Los ejidatarios bloquearon la autopista Texcoco-Lechería y retuvieron elementos de seguridad; el pueblo y organizaciones que acudieron a un llamado solidario por parte del Frente y se parapetaron en la comunidad; la autoridad respondió la madrugada del 4 de mayo: envió a más de 3 mil 500 efectivos quienes rodearon San Salvador e intentaron recuperar terreno con un operativo denominado “Operación Rescate”; en este enfrentamiento Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno; Alexis falleció 34 días después, debido al impacto.
El traslado de los pobladores de San Salvador a los centros de detención implicó el uso de la fuerza; decenas de denuncias de agresiones sexuales fueron presentadas. En “Atenco, cronología de una lucha contra la impunidad”. Cimac Noticias registra que “los medios nacionales e internacionales señalaron que durante las detenciones varias mujeres fueron agredidas física y sexualmente, entre ellas se encontraban la indígena de origen mazahua Magdalena, dos españolas, una chilena y una alemana. Uno de los casos de violación lo protagonizó una mujer que por quedarse viendo uno de los camiones de policías, fue detenida y posteriormente violada tumultuariamente.
”El dictamen señala, que efectivamente se hicieron denuncias sobre agresiones sexuales a las mujeres detenidas el 3 de mayo en las que se señalan tres momentos en las que éstas fueron llevadas a cabo, la primera en el momento de su detención, una segunda al ingresar a los camiones utilizados para su traslado al penal de ´Santiaguito´ y la última en los mismos vehículos durante el traslado. Mientras que las detenidas el cuatro de mayo señalan hasta cinco lugares diferentes.
”Estos abusos, detalla el informe, consisten en manoseos y pellizcos en varias partes del cuerpo, hasta la penetración vaginal con dedos y otros objetos, frotamientos y en algunos casos la imposición de sexo oral… Explican que de las 50 mujeres `aseguradas de las cuales 31 refirió haber sufrido violencia sexual”.
En ese momento, las mujeres que denunciaron estos abusos no sólo fueron ignoradas sino revictimizadas, sin embargo mantuvieron la denuncia en instancias internacionales, en noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió, en respuesta a un recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2016, un comunicado en el que señalaba a los Estados Unidos Mexicanos como responsables de violencia sexual, violación y tortura cometida en contra de 11 mujeres: Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, María Patricia Romero, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, Ana María Velasco, Suhelen Gabriel Cuevas, Bárbara Italia Méndez, María Cristina Sánchez, Angélica Torres y Claudia Hernández. Se concluyó que “el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, fue resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza con todos”.
Como en muchos casos en este país, la declaración y solicitud de resarcimiento de los daños emitida por el órgano internacional no ha tenido respuesta, 13 años después las mujeres agredidas de Atenco siguen esperando el resarcimiento de daños:
“Cristina Sánchez, una de las víctimas, indicó que a ellas no les interesa una disculpa pública simbólica del gobierno, pues lo que quieren es justicia: castigo para los culpables.
De ese modo, agregó, otras mujeres tendrán la garantía de que no les sucederá lo mismo”.
Hoy, trece años después se dice -luego de una consulta impulsada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador- que el aeropuerto no se construirá pero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra vive una etapa distinta que no se aleja mucho de lo que se vivió antes, explica Ignacio del Valle a AD, pues hasta que no se pueda resarcir el daño que se hizo en las tierras y las comunidades y se cumpla el proceso de restitución, restauración y reordenamiento se seguirá resistiendo.
Hoy, el Frente ha coordinado acciones con otros movimientos sociales: maestros, defensores de los recursos, estudiantes, etcétera y “la consigna sigue siendo la misma, no negociar la tierra ni venderla bajo ninguna circunstancia”, menciona Del Valle.
Actualmente, explica, se resiste contra la autopista Peñón-Pirámides que cruza parte del territorio y que era parte del mismo proyecto del aeropuerto.