El presidente municipal de Xonacatlán Serafín Gutiérrez Morales incurrió en violencia política en razón de género, por lo cual no podrá buscar la reelección, ni otro cargo de elección popular, pues la sentencia anula su posibilidad de participar nuevamente en alguna elección federal o estatal.
La víctima de esos hechos es la regidora Simei Jared Rincón Bartolo a quien le negó recursos materiales y humanos para desempeñar su cargo, a diferencia de los otros ediles del municipio, por lo cual ella recurrió al Tribunal Electoral de la entidad para revisar su caso.
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Después de analizar las pruebas presentadas, el presidente del TEEM Raúl Flores Bernal concluyó que los agravios de la regidora son fundados y vinculó al alcalde de Movimiento Ciudadano para que a la brevedad le otorguen los mismos recursos que a los demás ediles.
Por unanimidad los magistrados avalaron que le asignen al personal que ella proponga y le otorguen el material y equipo que necesita para desempeñar la función para la cual fue electa en 2018.
Consideraron que se acredita la violencia política y se debe iniciar el procedimiento especial sancionador, además vincularon al Instituto Electoral de la entidad para que proceda como corresponda y esté informado de este caso.
Hace unos meses entraron en vigor reformas legales que impiden tanto a nivel local, como federal, ser registrado como candidato a nuevos puestos de elección popular a quien haya sido sancionado por violencia política de género.
Durante la sesión que celebró el TEEM a distancia no se dieron detalles si esta negativa de proporcionarle recursos data desde el inicio de la administración o ha sido temporal, pero sí se acreditaron los hechos.
Este no es el primer caso de violencia política de género que se logra acreditar en la entidad, el primero y más largo fue el cometido en contra de la regidora de Jaltenco, Jhoselinne López Oropeza, entre otros casos acreditados en los últimos tres años.
Por otra parte resolvieron procedente el reclamo de la delegada municipal del ejido de Emiliano Zapata, en el municipio de Tenancingo, en cuanto hace a su denuncia en contra del presidente municipal, el secretario y el contralor por impedirle entrar a las oficinas de la delegación.
Consideraron que esta acción lacera y vulnera su derecho de votar y ser votada, al privarla de desempeñar su función, por lo cual fijaron un plazo de tres días para que las autoridades municipales le permitan el acceso a su oficina.
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