A finales del año 2015, producto de una investigación periodística difundida por varios medios de alcance nacional, supimos que el gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal habían destinado cerca de dos mil millones de pesos a una fundación, llamada “Proacceso ECO A.C” y a una empresa denominada “Enova”, para –se supone– poner en marcha algunos proyectos encaminados a “reducir la brecha digital” y “mejorar los niveles en la educación básica” en los niños mexiquenses. Dichos proyectos son la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) y las Bibliotecas Digitales. La primera cuenta con 70 centros y la segunda con 50, distribuidos en el territorio del Estado de México.
Tras esa escandalosa información empezaron a conocerse mecanismos bastante enredados para, aparentemente, triangular recursos públicos, destinarlos a manos privadas, e impedir que se transparente su manejo. Por ese camino transitaron investigaciones periodísticas hoy bastante conocidas, como “La Estafa Maestra”. Pero en el caso de la relación entre el gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal con Proacceso y Enova, las inquietudes por el manejo de estos miles de millones de pesos llegó hasta el Congreso de la Unión, cuando en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 15 de julio de 2015 el Diputado Fernando Belaunzarán, del PRD, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo en el que solicitaba a Virgilio Andrade, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, “investigar los términos en que se han hecho las licitaciones y las asignaciones directas de contratos por parte de las dependencias federales tales como la SEP, CONACYT y CONACULTA con el grupo ENOVA-PROACCESO”. Asimismo se exhortaba a la Auditoría Superior de la Federación y al órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a realizar auditorías sobre la asignación y ejercicio de los fondos públicos destinados al Grupo ENOVA-PROACCESO.
Una semana después, el 22 de julio, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo mediante el que solicitaban que “la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite al Gobierno del Estado de México realice una auditoría a todas las donaciones, contratos o actos jurídicos que impliquen la transferencia de dinero a la fundación Proacceso y la empresa Enova; informe de los resultados obtenidos y, en su caso, realice las acciones conducentes en materia administrativa o penal”. Igualmente se pedía “que la Auditoría Superior de la Federación realizara una auditoría a todas las donaciones, contratos o actos jurídicos que impliquen la transferencia de dinero a la fundación Proacceso y la Empresa Enova; informe de los resultados obtenidos y, en su caso, realice las acciones conducentes en materia administrativa o penal”.
Dos semanas más tarde, en la Sesión Plenaria de la Comisión Permanente, celebrada el 5 de agosto de 2015, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas presentó un dictamen en el que concluyen que “la fundación Proacceso y la empresa Enova, desde la actual Administración Federal, reciben donaciones sin que ningún organismo público les haya pedido cuentas o les hubiesen realizado alguna auditoría”. El dictamen puntualiza que “la Fundación ha recibido de Comecyt las siguientes cantidades: en 2009, 56 millones de pesos; en 2010, 74.3 millones de pesos; en 2011, 111 millones de pesos; en 2012, 110 millones de pesos; en 2013, 140 millones de pesos; en 2014, 159 millones; y en marzo de 2015 se pactó la entrega de 174 millones de pesos”.
El mismo dictamen también documenta que la Fundación ha recibido recursos federales por parte del Conaculta: en 2012 recibió 140 millones de pesos, en 2013 recibió 200 millones de pesos, en 2014 recibió 157.3 millones, en 2015 recibirá 119.1 millones. La SEP entregó a la fundación entre 2010 y 2011 para el desarrollo de “videojuegos lúdicos” empleados en la cadena de escuelas de bajo costo que Proacceso opera en asociación con Enova. En total se han entregado la cantidad de 867.9 millones recibidos del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal”.
Pero transcurrió un año y las dependencias federales a las que se les requirió información no habían remitido la misma, así que las entonces diputadas federales de Morena Delfina Gómez y Patricia Elena Aceves propusieron un punto de acuerdo para “exhortar nuevamente a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el requerimiento de información relativa a las licitaciones y asignaciones directas de contratos, apoyos y subsidios celebrados entre dependencias del gobierno federal con la empresa Enova y la Fundación Proacceso, formulado por esta Soberanía el 5 de agosto de 2015, así como a enviar la información que obre en su poder para el ejercicio fiscal 2016”. El mismo exhorto se extendió a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Gobierno del Estado de México para que –ahora sí– informaran.
Después de esto no hay certeza de que las dependencias que recibieron el exhorto hubieran respondido. Pero es un hecho que, al menos el Comecyt, sigue destinando una buena cantidad de dinero a Proacceso y Enova, pues en sus informes rendidos para la Cuenta Pública 2017 y 2018 sigue apareciendo lo siguiente:
Cuenta pública 2017, tomo V, correspondiente al Comecyt, página 16: “en esta cuenta se tiene un monto en el ejercicio de 2017 y 2016 de 447 millones 582.5 miles de pesos y 397 millones 771.1 miles de pesos, respectivamente, integrado de subsidio por parte del Gobierno del Estado de México y del Programa de Acciones para el Desarrollo destinado al apoyo para la Operación de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA).”
Y en las Notas a los estados financieros al 30 de junio 2018 del Comecyt: “Inversión Pública.- El saldo corresponde a apoyos a la acción de Gasto de Operación de los 69 centros del proyecto denominado Red de INNOVACIÓN Y Aprendizaje (RIA) de la Fundación Pro Acceso Eco A.C. por un importe de $80,215,082.00”.
Pero los tiempos han cambiado, los actores políticos se han movido y parece que el flujo de dinero a Proacceso y Enova se ha detenido, pues las bibliotecas digitales en todo el estado se encuentran cerradas desde diciembre y el personal que las atiende, aunque ha venido cobrando sus quincenas, ha recibido la orden de no presentarse a trabajar. Hasta ayer, 1 de febrero, esa era la instrucción. Ellos rumoran que las bibliotecas se acabaron, que habrá que irle buscando por otro lado.
Para conocer, desde el punto de vista académico, el modo en que RIA y las bibliotecas digitales operaban, recomiendo la tesis de maestría en Antropología Social presentada en la Universidad Iberoamericana por Alma Cecilia Pérez Navarro, titulada “Ciudadanos digitales en 72 horas: discursos, recursos y estados de simulación en la Red de Innovación y Aprendizaje”. Está disponible en esta dirección:
http://ri.ibero.mx:8080/viewer/?code=016193
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