Se amparan los Mena por conflicto en San Carlos

Toluca, México; 23 de julio de 2018. Una pelea entre los miembros de la Familia Mena por la disputa del control del Club de Golf San Carlos ha llegado hasta el Juzgado 35 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues desde 2011 a Jorge, Jaime y Mario Mena García, se les […]

Toluca, México; 23 de julio de 2018. Una pelea entre los miembros de la Familia Mena por la disputa del control del Club de Golf San Carlos ha llegado hasta el Juzgado 35 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues desde 2011 a Jorge, Jaime y Mario Mena García, se les acusa de fraude hacia este inmueble, logrando que el precio de las acciones del mismo se devaluara hasta en 70 pesos, afectando con ello a al menos 700 familias que integran el residencial.

De acuerdo con fuentes cercanas a Delta Corporación, cuyos propietarios son también la familia Mena García, los hermanos se han encargado de realizar una “maraña de acciones” para defraudar a esta empresa, “pues el objetivo principal es apropiarse del club de golf”, sentencian.

Conocidos por ser parte a una familia acaudalada y dueños del periódico Heraldo del Estado de México,  Jorge y Jaime Mena García, arribaron al Juzgado 35 de la capital mexicana cerca de las 10 de la mañana, en una audiencia a puerta cerrada, en la que no se le permitía el acceso a los medios de comunicación ni a los ciudadanos. Ambos sujetos comparecieron por más de horas sin que  los representantes de Delta Corporación que son los demandantes y los Hermanos Mena llegaran a ningún acuerdo, por lo que se prevé que en próximos días las dos partes acudan nuevamente a las oficinas del juzgado.

Los hermanos Mena García no son prófugos de la justicia, no se esconden, ni viven en el extranjero, simplemente están amparados. Despreocupados se retiraron de las instalaciones, pues a pesar de hay una orden de aprehensión en su contra, ellos han conseguido su libertad provisional a través de este recurso, lo anterior al pagar cada uno una fianza de 5 millones de pesos, por lo que pueden acudir libremente ante las autoridades penales sin temor a ser detenidos, hasta que un juez resuelva su situación jurídica o se otorgue una sentencia definitiva del caso.