El mérito de la liberación de los seis indígenas nahuas de Tlanixco, encarcelados por más de 15 años bajo cargos de un homicidio que nunca pudieron probarles, fue del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que pudo probar los errores en el juicio en el que fueron condenados injustamente. Nada tuvo que ver el diputado Max Correa, como orondo presume; ni la Fiscalía al desistirse, pues ya había perdido el caso y no tenía de otra. Que se haga justicia siempre será motivo para celebrar, pero este caso deja también claro que en el Estado de México todavía hay presos políticos. Lamentable.
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Antes de dejar Los Pinos, Enrique Peña dejó muy claro que regresaría a vivir al Estado de México, tal vez el lugar de la república donde no padecería tanta hostilidad y se sentiría más cómodo y seguro. Es de dominio público que su señora madre y hermanos tienen sus domicilios en Metepec desde hace años, el propio ex presidente conserva allí la casa que habitó en su anterior matrimonio y la que habita ocasionalmente. También todo mundo sabe que goza de pasar el mayor tiempo en Ixtapan de la Sal. Donde se radique es asunto solo de su incumbencia, es tonto distraerse con esos temas, su ubicación solo cobraría relevancia pública su estuviera perseguido por la ley para responder por algún cargo, pero no así, al menos hasta ahora.
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A pesar de que algunos sectores duros de su partido están en contra, por ejemplo el que encabeza Miguel Angel Osorio Chong, el gobernador Alfredo del Mazo –máxima figura pública del priismo-, decidió colocarse del lado del presidente López Obrador dar su apoyo al proyecto de la Guardia Nacional. Hizo lo correcto, actuó como una vez como estadista y no como líder camarilla, la única manera de dar una lucha a fondo al crimen en el Estado de México es hoy con las fuerzas armadas, mañana con la Guardía Nacional. La policía estatal avanza, pero a pasos muy lentos, y las municipales son parte del problema, no de la solución.
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Es suicida, estúpido, azuzar o sugerir al gobernador del Estado de México a que se confronte con el presidente de la república. Un dato, 8 de cada 10 pesos de los recursos públicos que tiene la entidad provienen de la federación, así es la correlación de fuerzas. Si del Mazo escuchara esas voces que le conminan a establecer una relación adversarial con López Obrador, se haría harakiri y, entonces, las probabilidades de irse antes de terminar su mandato, serían gigantes. Del 2023 ya ni hablar.
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No es por joder al ex gobernador Eruviel Ávila, pero todos los días le aparecen señalamientos en contra. Ahora, el leído portal https://www.sinembargo.mx, le ha documentado fehacientemente que la Auditoria Superior de la Federación hizo durante su gestión (2011-2017), 339 observaciones que pudieron provocar un desfalco al erario federal por 14 mil 131 millones 769 mil 665 pesos, de las cuales ninguna está debidamente solventada hasta hoy. Una fortuna que el hoy senador, no es que quiera, está obligado a explicar dónde quedó.
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