Antorcha Campesina volvió a hacerlo. La agrupación priista organizó una vez más a sus clientelas en otro acto escenográfico de protesta que puso de cabeza a la capital del Estado de México. Ahora usaron a campesinos y ancianos para plantarse frente a las oficinas del gobernador a reclamar apoyos para el campo. La paciencia del gobierno parece inagotable frente al abierto desafío. Cualquiera en este estado puede bloquear la vía pública y no pasa nada, aquí todo se tolera, la violación al estado de derecho se ha vuelto la norma. No se trata de mano dura, solo de mano firme, sobretodo con los bribones.
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Al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México le han pillado un contrato -público y legal, por cierto-, sobre la compra de 350 corbatas y 350 mascadas de los diseñadores Pineda-Covalín que regaló en su aniversario a las trabajadores y trabajadores de la institución. Cada una de esas prendas tiene un valor unitario promedio de mil 600 pesos, pero por el volumen las pagó a menos de la mitad haciendo un total de poco más de medio millón de pesos. Al respecto podría decirse que Jorge Olvera tiene buen gusto, es generoso con sus empleados y consigue buenos precios al mayoreo, pero hubiera sido mejor que lo pagara de su bolsa, porque los dineros públicos del Estado de México ya no aguantan esos desplantes.
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Las finanzas públicas estatales han resistido bien las turbulencias nacionales y se mantienen con buena perspectiva desde la óptica de las calificadoras crediticias. Aunque a finales de diciembre Moodys bajó a la nota a 5 créditos respaldados por el Estado de México, (https://www.moodys.com/research/Moodys-baj-las-calificaciones-de-5-crditos-respaldados-del-Estado–PR_393437) en general la calificación no se modificó. Fitch viene sosteniendo desde hace meses que las cosas se están haciendo bien y el nivel de confianza es bueno. El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, está haciendo bien la chamba enderezando el barco, que si no hundidos, si lo recibió haciendo agua por muchos lados. Los financistas nacionales e internacionales están contentos y eso es importante.
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Terminó la temporada de patos, y nadas más en las ciénagas de Lerma se mataron unas 50 mil aves, una atrocidad, aunque sea legal. A las tres lagunas remanentes de los extensos humedales, Almoloya, Lerma y Atarasquillo, llegan miles de aves migratorias que vuelan desde Canadá, Estados Unidos y el norte del país para refugiarse del invierno, pero son recibidas por cazadores que pagan desde 20 mil hasta 45 mil pesos por la licencia de diciembre a febrero por matarlas. Los ambientalistas protestan y se alteran por las corridas de toros, pero no se inmutan por el terrible desplumadero que se hace a unos minutos de Toluca.
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El Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) era “un instrumento del Gobierno del Estado de México” ejecutado a través de los legisladores y sus grupos parlamentarios, sostiene en sus lineamientos para el control y ejercicio de los recursos presupuestales asignados, publicados en la Gaceta de Gobierno del 21 de diciembre de 2016. El último responsable fue Joaquín Guadalupe Torres, en su calidad de secretario de Finanzas y a él corresponderá dar las explicaciones y, en su caso, asumir las consecuencias, del presunto desvío de 2.5 millones de pesos para financiar en parte la campaña negra contra el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. No tiene escapatoria, como tampoco la tendrá en este caso por la cadena de mando, el entonces gobernador y actual senador, Eruviel Ávila, quien todos lo días suma una denuncia en contra.
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