Ninguno de los personajes políticos mexiquenses blanco del espionaje en la trama Pegasus, ha mostrado interés -al menos hasta hoy-, en proceder legalmente. En la base de datos de números telefónicos intervenidos clandestinamente durante 2017 con ese malware, están los del gobernador Alfredo del Mazo; la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el administrador General de Aduanas, Horacio Duarte; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; los senadores Eruviel Ávila y Juan Zepeda; los diputados electos Enrique Jacob y Josefina Vázquez Mota; el secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer; y, el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, por citar solo algunos. Aunque no hay una sola evidencia sólida que lo involucre directamente, el nombre de Luis Miranda Nava -en aquel entonces subsecretario de Gobernación- se repite una y otra vez como uno de los probables responsables. El silencio local alrededor de tan grave asunto es extraño, por decir lo menos.
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EXPLOCÉAN, S. de R.L. de C.V., empresa ligada a Juan José Chimal Velasco, esposo de Verónica Peña Nieto, tiene en el gobierno del Estado de México, en particular a la Secretaría de Seguridad, a uno de sus mejores clientes a quien al menos desde 2018 factura en promedio 50 millones de pesos al año por el sistema móvil de cobro de infracciones, un negociazo al que invierte muy poco y gana muchísimo. Esa empresa que el cuñado del expresidente representa o representaba formalmente, ha estado involucrada en expedientes criminales por corrupción en el estado de Chihuahua cuando era gobernado por el prófugo César Duarte. La dirección de Recursos Materiales, responsable de entregar en asignación directa los contratos, debe dar explicaciones. Un buen asunto para el Órgano Superior de Fiscalización.
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La deuda pública no podría ser calificada maniqueamente como buena ni mala, al fin y al cabo, instrumento válido de financiación. Lo realmente importante es revisar su adecuado y eficaz uso. Se requieren mayores y mejores explicaciones, en este caso de la Secretaría de Finanzas, de por qué cada día el Estado de México debe más dinero a la banca y en qué se ha gastado. Este gobierno inició en 2017 con una deuda de 39 mil 217 millones de pesos, al cierre del primer trimestre de este año el monto registrado ya era de 47 mil 345 millones de pesos. A ese ritmo es muy probable que Alfredo del Mazo entregue al siguiente gobernador adeudos superiores a 50 mil millones de pesos. ¡Uff!
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Es verdad que todos los gobiernos municipales actuales heredaron deudas y finanzas públicas muy comprometidas, ninguno de los ayuntamientos se salva. Pero también es cierto que las dejarán peores, básicamente por 3 razones: 1- La caída de los ingresos por la pandemia. 2- Incompetencia. 3- Corrupción. Que se preparen los siguientes alcaldes porque heredarán puros problemas. La crisis es más grande y profunda de lo que se dice en público.
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Los partidos políticos a través de sus coordinadores parlamentarios negocian desde hace días un acuerdo para elegir de manera consensuada al próximo presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El PRI y sus aliados empujan la candidatura de Myrna Araceli García Morón y un sector de Morena mantiene como una de sus cartas fuertes a Antonio Lara Duque. Así es la realpolitik, que nadie se asuste.


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