Los simpatizantes que el Presidente Peña tiene en el Estado de México están en su derecho de movilizarse a cualquier punto del país donde sean convocados, como explicó y justificó el secretario General de Gobierno la asistencia masiva de mexiquenses al “Grito” en el D.F.; pero ese no es el punto, más haya del debate sobre que tan ético es simular apoyo popular, lo realmente importante, porque podría tratarse de la comisión de delitos, está en saber de dónde salió el dinero para pagar la renta de los camiones, los lonches y las gratificaciones a los asistentes. Hay indicios suficientes que señalan hacia la tesorerías municipales y los Organismos de Agua Potable como fuentes del financiamiento, en otras palabras, hubo desvío de recursos públicos. He ahí el meollo del asunto.
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La administración anterior, que Peña dirigió como gobernador y Luis Videgaray desde la secretaría de Finanzas administró a su antojo los recursos públicos, heredó una enorme deuda oculta por unos 40 mil millones de pesos pagaderos a 25 años. Con argucias contables esquivaron reportar la cantidad como deuda pública, la encarpetaron para su pago como gasto corriente. Se trata del financiamiento de 7 carísimas obras a través del esquema de Proyectos de Prestación de Servicios. Si se sumaran esos 40 mil millones con 35 mil que se reportan formalmente como deuda pública significaría que Peña y Videgaray dejaron al Estado de México con la deuda pública más alta de país, 75 mil millones de pesos. Lo peor de todo no es el monto, sino que una enorme cantidad de ese dinero se fue por el caño de la corrupción pagando sobre precios a empresas como OHL, HIGA, PRODEMEX, ABENGOA, IGSA, MAGNOS y Constructora Ixtapan.
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Esos 40 mil millones, que anualmente sangraran hasta el 2050 las finanzas públicas con parcialidades de unos mil 700 millones de pesos a los dueños de las empresas constructoras que hicieron los negocios de su vida, no se reflejan en la deuda pública al pagarse con recursos etiquetados como gasto corriente. Cuando se rasque mas a este asunto brotará toda la pudrición del sexenio anterior y que el actual gobierno ha tenido que callar.
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El formato de Informe volverá a cambiar. La novedad ahora será que Eruviel interactuara más con ciudadanos. El 23 habrá un evento formal y el 24 un diálogo con la sociedad. El gobernador permitirá que lo cuestionen abierta y públicamente. Suena bien. Será el informe de gobierno estructurado a partir las nuevas tecnologías de la información, culminará el cambio de paradigma de esta administración privilegiando las redes sociales.
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