Si algo sigue haciéndole falta al Poder Judicial es mayor transparencia, franqueza, apertura a la supervisión pública o “glásnost”, como dijeran los cultos. Los responsables de hacer justicia son los menos expuestos al escrutinio público y, por tanto, a la real y eficaz rendición de cuentas al pueblo. Jueces y magistrados están distantes –casi ajenos– al núcleo social al que están obligados a servir.
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El pasado martes 11 de julio se publicó en la Gaceta del Gobierno la convocatoria del Poder Judicial para el concurso de oposición de 15 plazas de juez civil para Toluca, Tlalnepantla y Texcoco. Técnicamente, cualquiera que cumpla a cabalidad los requisitos y apruebe los exámenes de forma sobresaliente debería ganar, pero muchas veces no ha sido así: se quedan los recomendados, los amigos, no necesariamente los mejores. Ojalá que el proceso se transparente bajo el principio de máxima publicidad para conjurar la tentación de la manipulación. Origen es destino.
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De acuerdo con la cifra oficial (que no necesariamente es siempre la real), los partidos políticos en conjunto gastaron –en pagar brigadas, medios de comunicación, lonches, anuncios espectaculares, organizar eventos, mandiles, gorras y demás chucherías– poco más de 403 millones de pesos; la mayor parte de esos recursos, sacados de los bolsillos de los contribuyentes que pagan impuestos. Según los números del INE (muy poco confiables, por cierto), Morena fue el partido que más gastó, con 122 millones de pesos; después, la alianza PRI-PVEM-Panal-PAS, 116 millones; PAN, 95 millones 800 mil pesos; PRD, 56 millones 254 mil pesos; PT, 17 millones 991 mil pesos; y Teresa Castell, cinco millones 990 mil. La pregunta obligada sería ¿valió la pena?
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El que de plano está en calidad de desaparecido desde que pasaron las elecciones es el secretario de Desarrollo Social, Arturo Osornio, a quien al final del sexenio se le recordará por aplicar las políticas públicas más populistas e ineficaces en el combate a la pobreza en la historia del Estado de México. Nada más no pudo con el cargo: sus resultados son de los peores de toda la administración pública, y mire que había casos que parecían insuperables. Osornio, el hombre fuerte de Aculco, será un muy avezado operador electoral que deja muy contento a Eruviel, pero a los mexiquenses –que pagan su salario– les quedó muy mal.
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La secretaria de Educación, Elizabeth Vilchis, parece que está mal informada o miente deliberadamente. Desde hace años la Auditoría Superior de la Federación descubrió que en el Estado de México cobraban unos cinco mil profesores sin trabajar en aula, y que el SEIEM reportaba como comisionados al sindicato. Elba Esther encontró durante mucho tiempo en la nómina del Estado de México los recursos para financiar a su ejército de operadores electorales.
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