En la oficina de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado de México ha causado verdaderos dolores de cabeza el asunto de las 11 notarías recientemente repartidas entre parientes de los hombres del presidente Peña, aliados políticos y amigos del gobernador y familiares del secretario general de Gobierno; saben que están en un brete legal, pues al menos dos de los nuevos notarios no cumplen con los requisitos elementales para ejercer la función –y, si a eso se le agrega el amparo contra los nombramientos promovido por el doctor en derecho Óscar Valdés Ramírez, la cosa se les complica jurídica y mediáticamente–. Más chamba para la doctora Luz María Zarza, quien ya está peor que bombero en el infierno.
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El abogado Óscar Valdés Ramírez es hueso muy duro de roer. Es el mismo que generó el movimiento de amparos contra el gasolinazo y las fotomultas. Es originario de Toluca, doctor en derecho constitucional, y tiene su despacho en la Ciudad de México. Quien entiende del tema advierte que el amparo promovido contra los actos del gobernador –al nombrar a personas que no cumplen con los requisitos legales para ejercer la función de notario– difícilmente prosperará, pero será útil como precedente para llevar el caso al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. El asunto es delicado, aunque en algunos círculos del poder se trivialice.
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Quien conoce a Arturo Osornio sabe que, si por algo se ha distinguido a lo largo de su trayectoria política y administrativa, es por discreto. Disfruta del bajo perfil, no le gusta encandilarse en los medios y, como secretario de Desarrollo Social del gobierno que termina, no ha sido distinto. Aquí se dijo que le había fallado al estado porque las cifras de pobreza habían empeorado durante su gestión. Amistoso, controvirtió ese punto de vista con algunas cifras, como que el rezago educativo bajó de 18.5 a 13.2 por ciento; la falta de acceso a servicios de salud, de 30.7 a 19.9; la falta de cobertura de seguridad social, de 59 a 57.7, y la más importante: la pobreza alimentaria, se redujo de 31.6 a 20.2 por ciento. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. La pobreza allí está.
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Con la complacencia obvia –por no decir complicidad manifiesta– de las autoridades, bandas de taladores –tolerados más que clandestinos– ejecutan un brutal desmonte de amplísimas zonas boscosas del Nevado de Toluca, particularmente en la zona alta del llamado Parque de los Venados. Es algo verdaderamente atroz lo que allí está sucediendo: están arrasando el volcán y nadie hace nada. Trabajan de madrugada con maquinaria pesada, cortando árboles sanos y añosos. Sacan la madera en camiones por la ruta de Zacango en las narices de la policía, que en ocasiones hasta los escolta. ¿Dónde están los activistas de “Abracemos Tollocan”? Allí tienen una causa mucho mayor que la anterior; ojalá acudan, porque la autoridad no hará nada.
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Al panista Francisco Gárate le llueve en su milpita desde que fue descubierto por los medios de comunicación aceptando –con beneplácito– favores en especie de sus opositores, como la notaría que gustoso recibió del gobernador priista Eruviel Ávila para su hija Lorena. Primero, fue echado penosamente por el PAN del trabajo que le había dado en el INE (por obvia pérdida de confianza) y, ahora, su exesposa Evangelina Nava Cornejo lo ha expuesto públicamente como un agresor que ha ejercido durante años “violencia económica y física” contra ella y sus hijos menores Ángel y Eva, de 10 y 14 años. Sin comentarios.
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