En la oficina de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado de México ha causado verdaderos dolores de cabeza el asunto de las 11 notarías recientemente repartidas entre parientes de los hombres del presidente Peña, aliados políticos y amigos del gobernador y familiares del secretario general de Gobierno; saben que están en un brete legal, pues al menos dos de los nuevos notarios no cumplen con los requisitos elementales para ejercer la función –y, si a eso se le agrega el amparo contra los nombramientos promovido por el doctor en derecho Óscar Valdés Ramírez, la cosa se les complica jurídica y mediáticamente–. Más chamba para la doctora Luz María Zarza, quien ya está peor que bombero en el infierno.
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Si la gente tomó el reparto de notarías entre amigos y aliados políticos como un abusivo desplante de despedida del gobernador, hay detalles hasta ahora no dichos que hacen todavía peores las cosas, como que una de esas notarías fue para Beatriz Corona Mercado, de sólo 26 años de edad y graduada hace apenas un par de meses, pero quien resulta ser hija de Jorge Corona Méndez, secretario auxiliar de Enrique Peña en Los Pinos. El concepto patrimonialista del poder público de este grupo es, francamente, leonino. Son unos gandayas.
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No se trata de ser aguafiestas pero, así como se ven las cosas, eso de la Fiscalía Anticorrupción y la carabina de Ambrosio son tres cuartos de lo mismo. Uno de los principales problemas del Estado de México es la galopante corrupción en la administración pública, y para combatirla hace falta mucho más que nombrar a un funcionario segundón sin las herramientas suficientes. Nadie confía en quien no conoce, y eso pasa con José de la Luz Viñas, un ilustre desconocido al que mandan a domar leones con una liga y cáscaras de naranja. Los policías siguen y seguirán pidiendo mordida; los ministerios públicos, el “entre”; los burócratas, su mochada; los jefes, el “ten per cent”. Harían falta muchas prisiones para encerrar a todos aquellos que desde el poder se han enriquecido. Se vale soñar.
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Las acusaciones de Ahora contra Del Mazo, además de precisas, son muy delicadas: 1. El desvío de recursos de la española OHL para financiar la campaña; 2. El uso de tarjetas de débito Banorte para pagar, con recursos públicos del gobierno del estado, a representantes de casilla del PRI; 3. El posible desvío a la campaña de tres mil 700 millones de pesos, que el gobierno federal pagó al estatal vía la cobertura de una extraña deuda con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
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