Fidel Figueroa Gómez, expresidente municipal de Zacualpan, fue condenado a 236 años de cárcel y tres meses de prisión, por su responsabilidad una agresión cometida en marzo de 2019, en la que el fiscal Regional de Ixtapan de la Sal resultó lesionado y un elemento de la Fiscalía perdió la vida.
Un comunicado señala que Figueroa Gómez también deberá pagar multas de 1 millón 749 mil 365 pesos, 185 mil 033 pesos como reparación del daño material y 65 mil pesos como reparación del daño moral.
Cabe mencionar que esta condena fue conseguida derivado del trabajo coordinado entre la Dirección General de Litigación, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía de Asuntos Especiales de la FGJEM.
Esta agresión ocurrió el día 11 de marzo de 2019 cuando cinco elementos de la Fiscalía mexiquense, entre ellos quien entonces se desempeñaba como fiscal regional de Ixtapan de la Sal, fueron emboscados por un grupo armado, mientras se desplazaban en una unidad oficial, en un trayecto que comunica los municipios de Zacualpan e Ixtapan de la Sal, en el kilómetro 7, en la localidad Tres Cruces, La Tolva.
Derivado de esta agresión falleció un elemento de la FGJEM que tripulaba la unidad automotora; un agente de investigación y el fiscal regional resultaron lesionados, este último de gravedad.
Por estos hechos la FGJEM inició la carpeta de investigación respectiva y fueron llevadas a cabo diversas indagatorias de gabinete y campo, que permitieron identificar a Fidel Figueroa Gómez como probable partícipe de los hechos.
Con los elementos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de este sujeto, la cual fue otorgada y cumplimentada por Policías de Investigación el día 4 de junio del año 2020.
Este individuo fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien previo proceso legal dictó la condena por los delitos de homicidio con la agravante de haberse cometido en contra de servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, y homicidio agravado en grado de tentativa.