El lunes pasado, en la capital del estado, Toluca, ediles de 118 de los 125 ayuntamientos, firmaron el convenio que establece, por segunda ocasión, el Mando Único en materia de seguridad ciudadana. Se trata de una iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal y respaldada por la Confederación Nacional de Gobernadores.
El Mando Único tiene cinco objetivos básicos: la centralización del sistema policial de los municipios bajo el mando de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana; la disminución de los índices delictivos a partir del uso de la inteligencia operativa; la implementación de tecnologías de la información y comunicación por medio de sistemas homologados; el fortalecimiento de las capacidades de la policía en cada entidad; y el abatimiento de la corrupción en las corporaciones policiacas.
Sin embargo, siete municipios no respaldaron el convenio, entre los cuales se encuentran Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Texcoco y Amanalco de Becerra; los cuales, a grandes rasgos, consideran que el problema de la inseguridad no se resuelve con la aplicación del Mando Único policial y argumentan que el actual modelo municipal aplicado da mejores resultados, tres de ellos se pronunciaron por un mando mixto.
Lo que sin duda no hay que perder de vista, son los siguientes hechos: que de los siete municipios que no firmaron, seis de ellos son de los más poblados del Estado; y recordemos que durante el trienio del 2012 al 2015 también se estableció un Mando Único policial, pero este fue ineficaz y una vez que se revisaron las estadísticas criminales, no se demostró un cambio sustancial, ni se registró una mejora en la seguridad pública.
Sin duda, la creación de un Mando Único policial ha funcionado en otros países, donde las localidades o municipios no contaban con una infraestructura propia, donde su composición política territorial sí podía sujetarse a una sola plataforma.
En México se han realizado diversos intentos por contar con una policía única, que han sido rotundos fracasos, pues no solo hace falta una normatividad clara y especifica de obligaciones, facultades y castigos, sino que no se uniforman criterios en cuanto a la capacitación, la profesionalización, la estadística oficial, la investigación, la política criminal y mucho menos se combate la impunidad y la corrupción; así que sin ver al futuro, podemos afirmar que esta clase de convenios buscan más el control político de los municipios que el de acabar con la criminalidad.
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