Al inicio de esta semana miles de trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) marcharon por las calles de Toluca para denunciar el saqueo que sufrió esa institución en los últimos años y exigir solución y castigo. En este marco vale la pena recordar que, cuando se hizo pública la información de que en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz se desviaron miles de millones de pesos que estaban destinados a la atención médica de los más pobres, estalló un escándalo a nivel internacional. Sobre todo hubo una indignación generalizada cuando se dijo que, producto de la malversación de recursos públicos, se llegó al extremo de suministrar agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer. Aquello era una cosa inaudita, deleznable, correspondiente sólo con la ruindad de un personaje como el adiposo y hoy tristemente célebre ex-gobernador veracruzano.
De acuerdo con el informe del penúltimo año de gobierno de Duarte (2015) revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron irregularidades y malversaciones en el gasto por 2 mil 338 millones 304 mil pesos, destinados a servicios de salud en Veracruz. Indignante, sin duda ¿pero por qué, si en el Estado de México la misma ASF ha reportado en la revisión de la cuenta pública del penúltimo año de gobierno de Eruviel Ávila (2016) anomalías por un monto similar al ya referido en Veracruz, no hay un escándalo de las mismas proporciones por acá? ¿Será por el gobernador que quedó en su lugar? ¿Otra hubiera sido la historia si, como en el caso de Veracruz, hubiera perdido el PRI?
La información disponible ahora es que la ASF (en su tercer reporte del Informe de la Cuenta Pública 2016) señaló irregularidades por poco más de 2,000 millones de pesos en el ejercicio de recursos destinados durante el 2016 al sector salud del Estado de México, a cargo de César Gómez Monge. Estamos hablando de escenarios muy similares; y los problemas en los centros de salud y hospitales de tierras mexiquenses guardan condiciones tan deplorables desde hace meses como las vividas en Veracruz.
De acuerdo con lo expresado por los manifestantes, el ISEM trabaja actualmente con un abasto de 50% en medicinas e implementos médicos, pero se sabe que durante el último año de la administración eruvielista llegó a estar en 20%. De hecho, tras asumir el cargo Alfredo del Mazo al frente del Ejecutivo estatal tuvo que destinar de inicio (entre septiembre y diciembre de 2017) una partida extraordinaria de 200 millones de pesos para calmar un poco a los proveedores del ISEM, que habían dejado de surtir muchos de los 436 productos que integran el cuadro básico. Pero esa cantidad apenas y alcanzó para reducir la deuda un poco, pues quedaron pendientes unos 900 millones.
En febrero de este año la ASF informó que no sólo había hecho 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, sino que realizó cuatro solicitudes al SAT para que auditara al ISEM, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, ya que no enteró retenciones del ISR. La Secretaría de Hacienda, a cargo entonces del hoy candidato del PRI a la presidencia, no informó de acción alguna que hubiera emprendido y tampoco se ha sabido la suerte corrida por esas 15 promociones de responsabilidad administrativa. Sería muy conveniente que el actual gobierno estatal empezara a informar de todo esto antes de que el problema siga creciendo. En tiempos electorales este tipo de exhibiciones no son muy convenientes.
En suma, la pregunta es si las cosas hubieran tomado un rumbo diferente de haber perdido la elección Alfredo del Mazo. Creo sinceramente que sí, que hay materia suficiente para haber detonado un escándalo similar a lo ocurrido con el caso de Veracruz, pero también de Quintana Roo y de Chihuahua. La diferencia es que allá ganó la oposición y acá el daño al erario público quedará -como siempre- sin sanción.
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