Luego de que se hiciera viral el video de la audiencia en la que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela dicta una sentencia absolutoria en el caso de abuso sexual en contra de una menor de 4 años, queda claro que la impartición de justicia es de los principales problemas actuales en México.
Sabemos que las redes sociales son la arena perfecta para evidenciar, exhibir, denostar, ironizar, demonizar y hasta linchar personas. Sus características son proclives a eso. En muchas ocasiones, fotos o videos sacados de contexto, alterados o editados sirven para crear una ola de agresiones o vituperios contra múltiples personajes, públicos o privados.
En una arena así y en un clima como el actual en México, se subió un fragmento de la audiencia en la que el mencionado juez era confrontado por la madre de la víctima. Miles de personas vieron el video y no pudieron sino indignarse. A los ojos de todos se mostraba cómo es la impartición de justicia en nuestro país: importa menos la causa que la formalidad; no es lo que haya ocurrido sino lo que se pudo probar; no se trata de dar a cada quien lo que le corresponde, sino de cumplir los procedimientos; la fiscalía no es el mejor defensor de las víctimas y los jueces son tan insensibles como inflexibles.
Con el transcurrir de las horas, el video ocasionó un repudio generalizado contra el actuar del juez. Hubo declaraciones, movilizaciones, amenazas, chantajes, acusaciones mutuas y la indignación todavía no para. La justicia que clamaba la madre tenía como eje articulador que se trataba de una menor de solo cuatro años, inocente, sin plena conciencia de lo que pasó, dónde o a qué horas, pero con un daño quizá irreparable. La determinación del juez, por su parte, giraba en torno de que no se había logrado probar la culpabilidad, pero añadía que aún se podía apelar su resolución.
Si ese era el caso, ¿por qué no declarar culpable al acusado y dejar que él fuera quien apelara? Podemos suponer que este último contó con una defensa hábil que supo identificar las deficiencias en el trabajo de la fiscalía e hizo su labor para que quedara la duda de su culpabilidad. Por su parte, el juez parece haber dado más peso a las formalidades que exige cualquier proceso y no antepuso el interés superior de la niñez.
La madre y su apoyo legal tendrán que seguir bregando en busca de justicia. El Poder Judicial del Estado de México seguirá empeñado en salvaguardar su deteriorada imagen. Todos quienes vimos el video nos quedaremos con ese amargo sabor de boca que deja la impotencia. Los políticos mantendrán su debate de si se debe reformar o no el Poder Judicial.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2023 ya nos reveló, a finales del año pasado, que hay 2.9 millones de carpetas de investigación o averiguaciones previas pendientes de conclusión. Sí, más o menos tres millones de delitos no castigados, que se suman al rezago histórico y a los que se debe añadir los que se cometen en este preciso momento.
En el centro del problema de violencia e inseguridad que enfrentamos sigue la impunidad. No somos capaces de conseguir que quien la haga la pague. Se acumulan los casos sin investigar, los que se investigan se pueden caer (como en el ejemplo mencionado) por minucias, hay miles de presos sin sentencia, miles de carpetas de investigación sin una sola actuación ministerial en meses o años, y en las calles todo mundo sabe que encontrar justicia es como hallar una aguja en un pajar.
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