Apenas el pasado dos de febrero, Yara Gharamy cumpliría un año de vida, pero ese primer cumpleaños, Harissa, su madre, lo tuvo que celebrar frente a su tumba, en el panteón municipal de Toluca, pues la pequeña falleció de forma extraña al interior de la guardería Julieta Lechuga de Pichardo del DIF municipal, ubicada en la colonia Nueva Oxtotitlán, el 10 de diciembre de 2015.
“Lo único que me dejaron fue el recuerdo de mi hija, y desde entonces la hemos pasado mal toda la familia y además de estar pendiente qué pasa en la Procuraduría, en que no hay respuesta y muchas interrogantes que no se van a resolver nunca y solamente me queda recordar cómo era Yara”, sostiene Harissa mientras relata.
Luego de la muerte de su hija, además de sobrellevar la pena de su ausencia, Harissa Chedid González, pelea a diario contra el sistema de justicia estatal para evitar que la investigación se cierre sin que las supuestas responsables estén tras las rejas.
«Desde el principio todo fue muy lento y poco claro, tuve que insistir mucho para que me dieran la copia simple de la carpeta de investigación, y aún faltan que se apliquen otras pruebas que son importantes para esclarecer la muerte de mi hija», externó la joven.
En su poder, la familia de la pequeña Yara Gharamy, solo tiene copia simple de la primera integración de la carpeta que quedó bajo el número 160160550169615, la cual les fue entregada hasta los primeros días de enero, es decir más de 20 días después, y en la que únicamente aparecen las primeras declaraciones de las dos encargadas que ese día cuidaban a la menor.
En las declaraciones hechas por las empleadas de la estancia ante el Ministerio Público el día de los hechos, se asienta que la menor se ahogó con su propio vómito, el dictamen de los paramédicos también fue que la muerte se debió a una bronco aspiración mientras la bebé dormía, lo cual fue determinado en el dictamen de la autopsia; pero ese resultado la madre de la pequeña no lo comparte, pues considera que todo se debió a una omisión en los cuidados.
“Lo que no quiero es que esto quede impune y que a más niños de la guardería les pase lo mismo, es lo que buscamos junto con otras madres que se nos han unido”, mencionó Harissa.
Sin embargo, los argumentos no han sido suficientes para las autoridades, pues las dos empleadas de la guardería no han sido llamadas nuevamente para declarar y continúan con su empleo en el DIF de Toluca.
Harissa acude a las instalaciones de la Procuraduría estatal de manera constante para acceder a los avances de su carpeta de investigación, pero en las últimas cuatro visitas le han negado el acceso, primero por el periodo de vacaciones y luego bajo el pretexto de que el personal tiene carga de trabajo en exceso y el desplazamiento de agentes a Ecatepec por la misa papal.
La mujer teme que esa falta de respuesta y las primeras conclusiones a las que ha llegado la Procuraduría lleven a dar por cerrado el caso, sin oportunidad de presentar más pruebas.
“Yo pido que se hagan todas las periciales que faltan; se le mandó hacer un estudio a la mamila que tomó ese día mi hija, se le hizo cadena de custodia a su ropa y hasta el momento desconozco si ya se integró a la carpeta, además de los estudios clínicos que entregué”, explicó la madre de la pequeña.
El pasado 30 de diciembre, junto con otras madres de menores que usan el servicio de la guardería Julieta Lechuga de Pichardo, ubicada en la colonia Nueva Oxtotitlán, la joven marchó hasta llegar frente al palacio municipal, sin embargo no fueron recibidos por el alcalde, después se trasladaron al palacio del gobierno estatal y solo el asistente del gobernador tomó nota de su petición.
Sobre el caso el propio procurador, Alejandro Gómez Sánchez, al ser cuestionado ha declarado que la conclusión de la muerte ha sido la bronco aspiración.
La última esperanza para Harissa es la queja de oficio que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM) pero incluso en esa instancia, las trabas son el problema, pues le han informado que el visitador fue cambiado y debe esperar a que el nuevo responsable retome su caso.
De acuerdo con datos de la Contraloría del gobierno estatal, en 2015 se recibieron 6 mil quejas contra dependencias estatales, de las cuales más de 4 mil fueron en contra de personal de los ministerios públicos, ya sea por el trato, o la falta de información a las víctimas de un delito como en el caso de Harissa y su hija.
En la casa de la familia Chedid González, ubicada en la calle Laguna Misteriosa de la Nueva Oxtotitlán, aún se conservan el corral donde jugaba Yara, sus juguetes que fueron colocados sobre una mesa con un fotografía suya al centro, dos veladoras que son encendidas cada día; un par de rezos y el susurro de la promesa de justicia que deja Harissa a su hija cada vez que sale a su trabajo.